Tres agentes policiales que cumplían funciones de custodios en la cárcel de Tinajitas fueron condenados a cinco años de prisión por torturar y golpear con maderos hasta causarle la muerte al reo Jorge Luis Alvarado, en 1997.
La sentencia también condena al Estado al pago de una indemnización a los familiares de la víctima, la cual debe ser cuantificada en los tribunales civiles.
El Juzgado Primero de Circuito penal de San Miguelito, a cargo de la juez María de Serrano, dictó esta sentencia en contra del cabo primero Simón De León Arrastre y los agentes Edgardo Arturo Rivera y Elvis Alonso Montenegro.
El Ministerio Público estuvo representado en este caso por el fiscal superior especial, Cristóbal Arboleda, que confirmó la sentencia y dijo que la misma es un claro mensaje para que los agentes policiales en funciones de custodios no abusen de su condición de autoridad en menoscabo de los derechos humanos de los privados de libertad.
Una de las principales evidencias que presentó el fiscal Arboleda en este caso fue la autopsia practicada al cadáver del recluso, que reflejaba 40 lesiones en distintas partes del cuerpo, y que su muerte se produjo por un ataque cardíaco resultado de la golpiza.
La víctima pagaba una sentencia administrativa de 60 días por libar licor en la vía pública y por no portar documentos de identidad.
Según las investigaciones, el 6 de marzo de 1997 el recluso sostuvo una discusión con los custodios porque este exigió una llamada telefónica la cual le fue negada.
En medio de la discusión, los custodios policiales lo golpearon con un 2x4 y luego lo colgaron de la malla de ciclón que sirve como cerca del penal.
Al percatarse de que el recluso estaba agonizando, los custodios trasladaron al reo a la Policlínica de San Miguelito, pero Alvarado murió en el trayecto.
El abogado Daniel Henderson Mora actuó como querellante en representación de la familia de la víctima.
Fredeslinda Alvarado, madre del reo fallecido, dijo luego del proceso penal que se había cometido una injusticia con su hijo y que no había ninguna justificación para que los custodios policiales le propinaran esta salvaje golpiza.
Se ha conocido que los familiares de la víctima interpondrán una demanda civil contra el Estado por un monto de un millón de dólares.
