Dentro de los diferentes planes de desarrollo nacional, encontramos la lucha contra la corrupción, la que a su vez genera delincuencia organizada, transnacional, delincuencia común, como de cuello blanco. Para combatirla se han ensayado programas sectoriales, proyectos y acciones consideradas insuficientes, quizás por la falta de una adecuada organización o de la implementación de acciones eficaces para detectarla y contrarrestarla con efectividad.
La delincuencia ligada a la corrupción es tan compleja, que deja un impacto grande en la sociedad, porque busca permear, penetrar y operar en el ámbito público y privado para sacar ventaja ilícita, por lo que debemos preocuparnos de establecer nuevas estrategias para apoyar a nuestras sociedades y gobiernos en esta lucha.
En la mayoría de nuestros sistemas penales latinoamericanos, ocurre que la corrupción se deja de buscar en donde puede estar y no se castiga efectivamente. Tampoco, por lo general, se le atribuye a personas poderosas o adineradas que fácilmente evaden el brazo de la justicia terrenal, simulando conductas sociales intachables e irreprochables.
La corrupción debe prevenirse a través de educación integral orientada al aprender a ser, en una cultura de valores distinta, de honestidad, laboriosidad y creatividad, con familias con vínculos morales y un ámbito espiritual que practiquen con el testimonio o el ejemplo, que se configuren como una unidad común de equilibrio humano.
En esto, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, evitando transmitir la imitación a los malos ejemplos, al muy popular “juega vivo” y al aprovechamiento de indecorosas oportunidades, por todos los efectos nocivos para la sociedad.
Las causas de la corrupción han sido agrupadas, considerando distintos factores: políticos, económicos, sociales y culturales. Se castiga generalmente la corrupción administrativa como delito, pero la corrupción también tiene cabida en el ámbito privado de muchas personas.
Nuestro Código Penal incluye como delitos la corrupción de servidores públicos, el peculado, el cohecho, la conducta corrupta, la aceptación de salarios del Estado sin trabajar, el enriquecimiento ilícito, la exacción, el abuso de autoridad, la omisión o retardo de actos, la falta de ayuda o auxilio de parte de la Policía, el abandono del cargo, la violación de sellos públicos y el tráfico de influencia, que es una nueva figura, que realizan parientes, amigos o copartidarios políticos de servidores públicos, traficando u ofreciendo ese simulado o real vínculo para lograr supuestos beneficios a corto plazo.
La conducta de corrupción también puede presentarse en materia política, y se conoce como corrupción política, que no es más que el mantenimiento de incentivos para favorecer a la clase socialmente poderosa o a élites políticas, los fraudes tributarios y los sobreprecios en la ejecución de proyectos que pueden ocurrir, en algunos países, por como ha estado diseñado el sistema o por la escasa información sobre gestión pública y la falta de rendición de cuentas.
En lo que respecta a responsabilidad para evitar la corrupción, nuestro país ha alcanzado un nuevo logro, con la promulgación de la Ley 34 de 5 de junio de 2008, conocida como Ley de Responsabilidad Social Fiscal, cuyo contenido se ha derivado de los Acuerdos de Concertación Nacional y que establece como deber de la Administración Pública (saliente y entrante), el actuar con responsabilidad y transparencia, rendir cuentas y brindar información sobre las actividades y actuaciones de sus funcionarios. Con esto se permite un conocimiento integral, por parte de la ciudadanía, del resultado de la gestión y el impacto de las decisiones, lo que ayuda a prevenir conductas indebidas de las cuales se deriva responsabilidad penal, con el importante objetivo de lograr una sociedad más íntegra que se permita alcanzar, a través de la transparencia y honradez, mejores niveles de desarrollo social y económico para todos sus asociados.