El problema es que la justicia pareciera no ser un actor dentro del escenario nacional. En lugar de reinar sobre las demás virtudes, como protectora de los débiles, pareciera estar al servicio de intereses que vulneran la fidelidad a los principios y distorsionan el llamado a ser el alma de la nación.
Una justicia condicionada por la política, no solo devalúa a los magistrados de la Corte Suprema, sino que compromete todo el sistema democrático, su futuro y su propia subsistencia como institución. Es una suerte de acción autodestructiva. Ese camino lo abonan decisiones contradictorias, inconsistentes y prioridades fútiles que dejan de lado lo sustancial. Los procesos se dilatan, se saturan las consultas y son postergadas las demandas de la ciudadanía por una justicia expedita e imparcial. El resultado es frustración, desconfianza e incertidumbre acerca del rumbo de la justicia en el país.
Los magistrados deben tener sus razones para cerrar la puerta a cualquier investigación o cuestionamiento acerca de su proceder. Al rechazar el principio de rendición de cuentas y los controles apropiados acerca de la legalidad de sus actos, se colocan por encima de la ley. Los jerarcas del poder judicial deben reconocer que tienen esa capacidad para beneficio de la nación y que deben sus lealtades por igual a todos los panameños. No hacer efectiva esa realidad es declarar como letra muerta el ordenamiento jurídico del país.
El pecado original de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el método de su selección y nombramiento. En el proceso, en la mayoría de los casos, no prima la independencia de criterio, el profesionalismo, el comportamiento ético, la conducta moral ni el compromiso social con la administración de justicia. Reformar ese procedimiento es una de las tareas del nuevo gobierno. Reducir la politización, aumentando el profesionalismo y la independencia, es una forma de contrarrestar las tentaciones corporativas de intereses sectoriales y levantar un vallado contra la corrupción.
El poder judicial es uno de los rostros del Estado; de su desempeño dependerá la calidad de la democracia. La justicia no es solamente el reducido ámbito de los elegidos para administrarla. Es responsabilidad de una ciudadanía madura y con cultura política poner fin a la práctica de asaltar las instituciones como una propiedad manipulable de acuerdo con las oportunidades que se presenten. Si un magistrado no se somete a las exigencias del derecho, estaría actuando como un tirano al considerar que su autoridad está por encima de las leyes. Fijar un código de conducta a los jerarcas de la justicia en Panamá significa ser auditados permanentemente por la ciudadanía. Esa debe ser la nueva modalidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la sociedad organizada.
Panamá requiere de magistrados que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, que actúen sin contradicciones derivadas de una hegemonía política, ni intereses privados construidos mediante prácticas que, en no pocos casos, están alejadas de la justicia y se asocian más con la impunidad y la corrupción.
Ante el modelo de país que las autoridades electas han prometido iniciar el próximo 1 de septiembre, puede haber intereses que busquen restarle efectividad a los planes del nuevo gobierno. Sin embargo, son tales las expectativas despertadas, tanto en los simpatizantes como entre los adversarios, que resultará imposible negarle respaldo a un movimiento para exigir a quienes poseen la máxima investidura de la justicia en el país que la administren con honestidad y probidad.
