Los diputados, abultando los anales de la Asamblea Nacional con exabruptos, aprobaron -por unanimidad de los presentes - un proyecto de ley que pretende imponer a todos los panameños la dedicación del mes de septiembre de cada año a actividades que promuevan las Sagradas Escrituras. Textualmente, el instrumento legal "faculta a las entidades del Estado, a los municipios y a las escuelas oficiales y particulares para promover el Mes de las Sagradas Escrituras, con la finalidad de elevar y mantener los valores que nos señala la palabra de Dios".
La Alianza Evangélica de Panamá parece haber impuesto a la Asamblea Nacional su criterio de que el respeto a la "moral cristiana" a que alude en forma etérea el artículo 35 de la Constitución Política tiene jerarquía sobre la parte dogmática de ésta, y obliga a todos los ciudadanos a adoptar la Biblia como únicas "Sagradas Escrituras". Así lo afirmó, palabras más o palabras menos, el principal proponente de la ley, desvirtuando el hecho de que la misma disposición constitucional garantiza la libre profesión de todas las religiones y cultos. El que nuestros diputados se hayan plegado a esta pretensión es una nueva demostración de crasa ignorancia y de clientelismo político: la ley -debieran saberlo- es un cuerpo de reglas de forzoso cumplimiento diseñadas para controlar la conducta de una sociedad. Por eso mismo se impone imparcialmente a toda la población, y se sujeta a penas para ser aplicadas por la autoridad pública en caso de que sea violada. Entonces no queda duda de que esta disparatada acción pretende crear una religión estatal para todos los panameños vivos actualmente y para los que vivirán en el futuro. Esto es puro fundamentalismo religioso.
Reconocidas personalidades de Panamá, entre ellos Jorge Giannareas, Gustavo Kraselnik y Roberto Bruneau, han reafirmado claramente a través de los medios locales lo que hasta la fecha dábamos por descontado: que el culto religioso es un derecho de los individuos y no un derecho del Estado; que la religión es manifestación individual privada; que esta ley viola la libertad de culto, y que violenta la separación de Estado e Iglesia. Los promotores del "Mes de las Sagradas Escrituras" pretenden dominar nuestra cultura, y buscan hacerlo a través de la política. Uno de sus dirigentes lo confirmó: el pastor evangélico Rolando Hernández (Panamá América de 31.05.07), afirmó que la ley "redundará en beneficio de la sociedad panameña, toda vez que las Sagradas Escrituras… deben entenderse de manera objetiva como un compendio de leyes y principios prácticos que al aplicarlos en cualquier área de la vida humana, producen resultados contundentes en beneficio de los pueblos". Para ellos no pareciera existir el libre albedrío; lo que pretenden es imponer en Panamá su imperio religioso.
La mezcla de religión y política solo conseguirá minar la agenda moral cristiana que tanto dicen promover los que han inventado esta monstruosidad. Al parecer, los diputados no conocen los efectos devastadores que tienen en las naciones los fundamentalismos religiosos; harían bien en leer el mensaje de Benedicto XVI a la Quinta Conferencia General de Obispos de Latinoamérica, donde afirmó que la Iglesia no es ni una ideología política, ni un movimiento social, ni un sistema económico. En esa conferencia, Benedicto XVI apeló a los pueblos -no a los gobiernos- a procurar "un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal". Esta es la verdadera función de las religiones; se trata de un programa pastoral y no de un designio estatal.
Hay personas convencidas de que en la Asamblea Nacional la mayoría de los diputados ni piensa ni estudia a fondo los temas. No sé; pero la verdad es que por puro sentido común han debido darse cuenta de que al convertirse en ley de la República, la misma será violada ampliamente y los violadores permanecerán impunes para siempre. ¿Bajo qué circunstancias ha de operar? ¿Todo esto para regalarle un caramelo a un grupo que negocia su fuerza religiosa políticamente? ¿Tiene que seguir siendo burlada la inteligencia de los panameños? ¿A eso le llaman los diputados "gobernar"?
