En Guatemala crece el rechazo y la indignación contra el Gobierno tras la difusión del video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg anunciaba su asesinato. El presidente Álvaro Colom está acorralado por las denuncias y algunos medios dicen que se tambalea porque la opinión pública no cree en su inocencia. Aumentan las voces que piden la renuncia del jefe del Estado o que se separe temporalmente del cargo para que el crimen se investigue con imparcialidad.
Y hay una inédita unanimidad en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), dirigida por el jurista español Carlos Castresana, debe investigar el asesinato. En declaraciones a La Vanguardia vía telefónica, Castresana afirmó que el propio presidente Colom le pidió que se hiciera cargo del caso. Acepté dirigir la investigación con la condición de tener plena libertad y no recibir presiones de la sociedad civil, de familiares o de cualquier otro sector. Le pedimos al presidente garantizar una investigación escrupulosamente independiente, sin presiones, ni recomendaciones. “Solo así se podrá intentar esclarecer las muertes de Rosenberg, del empresario Khalil Musa y de su hija”, dijo Castresana.
Para el juez español, los tres crímenes, por sus características, relevancia y repercusión en la opinión pública, reúnen lo estipulado para que la comisión que dirige asuma la investigación. Son hechos criminales que afectan a la gobernabilidad del país, tienen que ser tratados con cuidado. “Si llegase el caso, pediré el nombramiento de un fiscal especial”, señaló el jurista español, que lleva años residiendo en Guatemala.
En una entrevista al canal CNN, Colom se mostró poco convincente, a la defensiva. Titubeó en algunas respuestas. Dijo que el video de Rosenberg era falso. Castresana tiene una opinión diferente, ya que inicialmente lo admite como prueba. El video es transparente y no creo que necesite de una prueba pericial; todas las personas que conocieron al fallecido dan fe de que se trata de él y de su voz; me parece que corresponde a la persona asesinada.
Mientras en la capital se producen pequeñas marchas pidiendo la renuncia de Colom, agentes de la fiscalía allanaron las oficinas centrales del Banco de Desarrollo Rural para obtener estados de cuenta de cinco de los señalados en el video de Rosenberg. “No se encubrirá a nadie. Si es necesario citaremos a personas que no gozan de antejuicio (inmunidad parlamentaria)”, dijo el fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate.