Este concepto tiene relación, tanto con la opinión que tienen de nosotros los clientes, como con la percepción pública que hay sobre nosotros, los abogados. Quien contrata un abogado no adquiere de éste algo tangible, como un producto con sello de garantía. Por ello, cuando un cliente compra los servicios de un abogado comienza a preguntarse, Estará el abogado realmente comprometido con mi caso? Y cuando el cliente llama al abogado, y este no contesta, comienza a preguntase: ¿Se le habrá olvidado? ¿ No habrá llegado a algún arreglo por fuera con el abogado de la otra parte sin que me entere? ¿ Es necesario pagar tanto? ¿Porqué se demora el caso?, etc.
No vacilo en aceptar que luego de dos (2) años como miembro del tribunal de honor del Colegio Nacional de Abogados, y en el último como presidente del mismo, me ha dado una visión mucho más amplia, y en cierto sentido diferente, a lo que es el ejercicio profesional. Puedo decir que ahora conozco, con mayor certeza, las principales razones que han deteriorado nuestra imagen.
En la reciente XLI conferencia de la Federación Interamericana de Abogados celebrada en Buenos Aires, Argentina, nos correspondió exponer sobre este tema en una sesión conjunta de la sección de abogados jóvenes y del comité de educación legal.
Del trabajo realizado para cumplir ese cometido, extraemos lo que consideramos como principales razones que han colaborado en la desconfianza que una buena parte de la ciudadanía tiene de nosotros, los abogados, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en desconfianza al sistema de justicia. Entre estos motivos, tenemos:
Exceso de oferta de abogados frente a la demanda. En la actualidad se gradúan aproximadamente 700 abogados al año. Al día de hoy hay unos 10 mil abogados, lo que significa que hay un abogado por cada 300 habitantes. Imagínese esa descabellada proporción. Como anécdota anoto que al final de la mencionada exposición, un colega argentino graficó el problema del exceso de titulados en derecho así: Aquí en Argentina, decimos que un vaso de agua y un título de abogado no se le niega a nadie en Panamá, sin lugar a dudas, tenemos una situación parecida.
El Código de Ética y Responsabilidad Profesional aprobado mediante Ley en 1993 ha quedado desfasado.
Nuestra experiencia, como miembro del tribunal de honor nos indica que llegó el momento de efectuar modificaciones, para agilizar los procesos, ser más enérgicas las sanciones y ampliar el radio de acción del tribunal de honor. En este sentido, anunciamos que ya el anteproyecto está listo y sólo falta que la Asamblea Nacional comience sesiones para su presentación.
La falta de un examen profesional para que sea un organismo colegiado quien otorgue el respectivo certificado de idoneidad profesional, tal como ocurre en países verdaderamente desarrollados.
Al igual que el punto anterior, ya este asunto está contemplado y se autoriza al Consejo Judicial la regulación y administración de este esquema. Es decir, el proyecto pretende que la idoneidad no sea automática, y que antes de obtener la misma debe aprobarse un examen.
Morosidad en el Sistema Judicial. El Sistema de Administración de Justicia no responde con la celeridad y seguridad que espera la comunidad y, en no pocas ocasiones el cliente o la opinión pública tienen la percepción que ello se debe, también, a los abogados, lo cual, en un buen número de casos, es producto del exceso de ’ligitiosidad’ o la interposición de recursos dilatorios.
Falta de conocimiento jurídico y de experiencia en la materia que le confía el cliente.
Es normal ver en las páginas de los directorios o en tarjetas de presentación que los abogados se anuncian como conocedores de una amplia gama del derecho, incluyendo, en no pocas ocasiones, dominio de tal idioma y que al final resulta falso. Es decir, saben de todo, son expertos en todo. Debe definirse la especialidad. Una persona que padece dolor de muelas, no va al pediatra. Igual distinción debe existir en la atención de casos jurídicos.
Falta de comunicación del abogado con su cliente. Esta es una de las faltas a la ética que con mayor regularidad se recibe en el tribunal de honor. Lo anterior trae consigo que los clientes manifiestan palabras más palabras menos, "….ya le pagué al abogado y ahora se (me) perdió." La actitud entre colegas.
Es muy difícil obtener que, por ejemplo un médico, ingeniero o arquitecto, declare contra un profesional de igual idoneidad, sin embargo, y hasta en medios públicos, los abogados se acusan mutuamente de diferentes acciones, trayendo consigo el descrédito generalizado.
En fin, hemos hecho un pequeño resumen de las causas del descrédito de la profesión, que trae consigo que paguen justos por pecadores.
La buena noticia, es que tanto el tribunal de honor como la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados han terminado un anteproyecto que contempla muchas novedades y adelantos en cuanto a la regulación de esta noble profesión. Dicho anteproyecto, nos correspondió presentarlo a la Comisión de Estado por la Justicia y pensamos no tendrá problemas en ser aprobado por la Asamblea Nacional, ya que contamos que el actual presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales, el licenciado Jorge Hernán Rubio, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y el actual vicepresidente de la Asamblea, licenciado Raúl Rodríguez, fue miembro del tribunal de honor.
En próxima ocasión nos dedicaremos a algunas de las novedades que contempla dicho anteproyecto. Y como todavía es anteproyecto, quien tenga interés en conocer el mismo y efectuar aportes puede dirigirse al Colegio Nacional de Abogados.
