Tras su reelección y el inicio de su segundo mandato, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha puesto en marcha un proceso de reforma institucional, encaminado a “recuperar el equilibrio de poderes”. Entre las medidas más llamativas contenidas en el llamado “revolcón” de Santos están la que elimina la reelección presidencial inmediata y la que prolonga el período de los cargos elegidos.
“Es evidente que la reelección presidencial profundizó el desequilibrio de poderes”, dijo, al aludir al “revolcón”, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo (El Tiempo, 25 de agosto). Algunos comentaristas perspicaces han destacado lo curioso que resulta que el presidente Santos, quien en mayo y junio aprovechó la facultad que la Constitución le concedía para presentarse a la reelección, ahora –tres meses más tarde– arguya que la reelección es dañina para la institucionalidad democrática y proponga proscribirla.
Sea como fuere, existe apoyo a esta iniciativa, sobre todo por los abusos que se atribuyen la reelección presidencial inmediata desde que el presidente Álvaro Uribe logró incorporarla a la Constitución en 2004. Más polémica ha generado la pretensión de extender el período del Presidente y otros cargos de elección popular, de cuatro a cinco años.
El alegato es el de siempre: cuatro años es “muy poco” para que un Ejecutivo implemente su plan de gobierno; cinco años le permiten más tiempo para conseguir sus objetivos. Algunos observadores sagaces, sin embargo, descartan este razonamiento y sostienen que la prolongación de los períodos es el “premio de consolación” que se concedería por eliminar la reelección.
El planteamiento de que un Presidente necesita más de cuatro años para ejecutar su agenda es falaz y antidemocrático. En un Estado democrático, los presidentes proveen la orientación y los lineamientos políticos que ha de seguir el Estado durante su mandato.
La ejecución de las obras corresponde al cuerpo de funcionarios. Por eso, un buen gobernante se preocupa por fortalecer la administración pública y garantizar su autonomía y eficiencia con base en un sistema de méritos y una cultura de probidad, no en penetrarla a través de secuaces políticos y compinches personales.
Antes de acceder a prolongar la permanencia en el poder de sus cargos elegidos, los colombianos harían bien en mirar cuál ha sido la experiencia de países, como el nuestro, que tienen períodos de cinco años. Un lustro es demasiado tiempo para tolerar a un mal gobierno y, como efectivamente, la mayoría de los gobiernos son malos, es preferible tenerles la rienda corta.
Hasta 1968, Panamá tuvo períodos presidenciales (y de diputados) de cuatro años. En las corporaciones municipales, el período de los concejales era de dos años, hasta 1932, cuando aumentó a cuatro años.
La Constitución de 1941 prolongó a seis años la duración en el poder del jefe del Ejecutivo, los diputados y los representantes provinciales, pero esta modificación no surtió efecto, al reemplazarse por la Constitución de 1946.
Los períodos más cortos son mejores para la rendición de cuentas. Por eso, las dictaduras –reacias a responder a la ciudadanía– optan por términos más largos.
En 1972, el régimen castrense impuso períodos de seis años para el Presidente de la República y los representantes de corregimiento. La duración de los cargos elegidos se rebajó a cinco años a partir de 1984, pero este lapso es todavía inconvenientemente largo.
Bajo un mal gobierno –como es la norma a lo largo y ancho de Iberoamérica– cinco años se convierten en una calamitosa eternidad. En comparación con un cuatrienio, un quinquenio le da a un mal presidente todo un año adicional para robar, abusar del poder, atropellar a la ciudadanía, violarle sus derechos y cometer múltiples excesos, desmanes y exabruptos.
Como los ejemplos abundan y son recientes, no es necesario traerlos a colación: los avispados lectores de La Prensa los tienen muy presentes.
Ahora que –supuestamente– tenemos el cambio constitucional en la agenda, sería bueno que los panameños insistiésemos en acortar los períodos de los cargos de elección popular. En cuanto a los colombianos, que se miren en nuestro espejo y piensen muy bien si quieren regalarles, a sus gobernantes, 365 días más para que hagan de las suyas con cargo a la ciudadanía.
