Para acordar medidas, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. (AME) realizó el seminario internacional: El derecho de acceso a la información pública: experiencias de instrumentación, que contó con la participación de especialistas, académicos y comunicadores de varios países del mundo.
Fue un seminario rico en experiencias. Y es que el acceso a la información pública es un derecho inalienable de toda persona residente en un país, porque los fondos que maneja un funcionario no forman parte de su patrimonio personal, sino de todos los pobladores.
Fueron dos días de amplios comentarios y exposiciones (19 y 20 de octubre). Al final, la AME, una organización formada por un centenar de periódicos, diseminados en distintos puntos del territorio mexicano, emitió la Declaración de Mazatlán, en la que se comprometió, entre otros puntos, a impulsar la cultura del acceso a la información en lo social, educativo, público y periodístico; promover la creación de mecanismos de acceso a la información, a partir del municipio como célula básica de gobierno; promover las normas jurídicas correspondientes, como ocurre en los Estados democráticos de derecho, para garantizar el legítimo derecho al secreto profesional del periodista, que optimiza el libre acceso de los ciudadanos a la información, pues, el periodista es un puente de comunicación entre las fuentes públicas y privadas de información y la ciudadanía. Además, defender y preservar los derechos ciudadanos a la libertad de expresión y de información.
Yendo un poco más lejos, la AME se comprometió a promover, a nivel federal y estatal, la aprobación de leyes de transparencia publicitaria, para terminar con la discrecionalidad de los gobernantes en el otorgamiento y definición de criterios de asignación publicitaria, en lo que se refiere a inserciones y contenidos.
Si se analiza este último aspecto, los periodistas mexicanos están un paso adelante de sus homólogos de Panamá, aunque el legislador perredista Elías Castillo aseguró a La Prensa que está dispuesto a promover una ley de transparencia publicitaria en la Asamblea Legislativa.
Para Castillo, esta sería una ley para el país, porque la idea es conocer a quién se le asigna publicidad estatal y a qué costo. La tendencia mundial apunta hacia allá, porque eso es la transparencia. Creo que es un proyecto que no es para mortificar a nadie, sino para que haya más claridad. No es para alguien en particular, sino para todos los gobiernos y regiría para todas las instituciones. Me parece interesante y estoy dispuesto a promover un proyecto de este tipo, afirmó el legislador.
Con respecto a la ley de acceso a la información pública, los mexicanos están dispuestos a evitar lo que ocurrió en Panamá con la reglamentación, pues, como bien lo afirma el presidente de la AME, Benjamín Fernández Pichardo, un reglamento no puede estar por encima de una ley.
La ley de transparencia dice constituye la cristalización del derecho ciudadano para avanzar hacia la plena transparencia gubernamental y terminar con la secrecía y la discrecionalidad, propias de regímenes totalitarios y antidemocráticos, porque citando al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga la ciudadanización de la información, la transparencia y la rendición de cuentas le dan sustancia al ejercicio de un gobierno democrático.
