La Sociedad Panameña de Anestesiología exigió al director general de Salud, Esteban Morales, que asuma su responsabilidad como servidor público y obligue a las clínicas privadas a cumplir con una resolución del Consejo Técnico de Salud que prohíbe el cobro de un porcentaje de recargo por el servicio que presten en esas clínicas médicos anestesiólogos que no estén en su lista de ofertas.
El Ministerio de Salud prohibió, a través de la resolución No. 185 de 5 de septiembre de 2001, el cobro del recargo (50%) a los anestesiólogos en las clínicas y hospitales privados, debido a que, según el ministerio, esta práctica vulnera y lesiona el ejercicio libre de la profesión, así como la voluntad de todo paciente de escoger el médico de su preferencia.
Con la medida, expedida precisamente por Morales, se acogió denuncias particulares interpuestas por médicos anestesiólogos a quienes se les cobró recargo por el servicio de anestesia en el Hospital San Fernando, entre ellos Thelma Arrocha, Javier Jelensky, Lolita de Jiménez, Ruperto Palma, Elías Cohen y Jorge Vanegas.
A juicio de Vladimir Espinosa, presidente de la Sociedad Panameña de Anestesiología, la práctica aún continúa pese a la resolución del Consejo Técnico de Salud. A pesar de la mencionada prohibición, Morales no ha hecho cumplir la resolución que él mismo firmó, añadió Espinosa.
Por esa actitud, dijo, Morales falta a su deber como funcionario y ya fue denunciado ante el Ministerio Público por parte de un grupo de miembros de la mencionada sociedad.
Ya la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, había estimado que el recargo adicional del 50% de la consulta que se cobra a los pacientes a su ingreso a la clínicas San Fernando y Paitilla, por escoger un médico anestesiólogo de su preferencia, que no esté en la lista de las clínicas mencionadas, va en detrimento de la libre voluntad de decisión a que tiene derecho todo paciente.
Esta práctica lesiona y vulnera el ejercicio libre de la profesión de los médicos anestesiólogos, destacó la funcionaria. La procuradora resolvió así una consulta que elevó a su despacho el ministro de Salud, Fernando Gracia.
Ayer se intentó obtener la opinión del Dr. Morales, pero no fue posible.
