Entra dentro de la tarea propia de una embajada preocuparse por los asuntos judiciales que afectan a su gobierno o a ciudadanos de su país y hacer las gestiones pertinentes para que se resuelvan de forma favorable o menos dañina para sus intereses.
Pero tratándose de asuntos sometidos a la justicia es obligado cuidar las formas: esas gestiones no pueden producirse directamente sobre los órganos jurisdiccionales, de modo que deriven en actos de presión sobre su independencia.
No solo es cuestión de buenos usos diplomáticos, sino de respeto a las reglas del estado de derecho, se trate de España o de Estados Unidos y de cualquier otro país que se quiera democrático.
Nada tiene de denunciable que la Embajada de Estados Unidos en Madrid se interesara ante los responsables de los ministerios de Exteriores o de Justicia en los casos del camarógrafo español José Couso, muerto por disparos de un tanque norteamericano durante la guerra de Irak; los vuelos de la CIA con escala en aeropuertos españoles o las torturas en Guantánamo, como se desprende de los informes desvelados por El País con los cables filtrados por Wikileaks.
Pero lo que estos también revelan es que tuvieron una influencia preocupante en el área gubernamental e invadieron el judicial, lo que resulta inaceptable. Más si cabe por parte de las personas a quienes se dirigían, aceptadas no solo con naturalidad sino con complacencia, hasta el punto de convertirse en colaboradores e informadores privilegiados de una de las partes del proceso, en detrimento de los derechos de las otras.
En el caso Couso, la diligencia con la que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, informa al consejero jurídico de la embajada de su oposición al procesamiento de los militares estadounidenses acusados de la muerte del cámara español hace dudar de su imparcialidad en el caso.
Tampoco la deja en buen lugar recibir en su despacho oficial a dos altos cargos de la embajada para exponerles su estrategia procesal contraria a la investigación por el juez Garzón de las torturas a un preso de nacionalidad española en Guantánamo, o la información previa que proporciona otro fiscal de la Audiencia Nacional sobre su posición en el proceso por los vuelos de la CIA. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, enmarca esos contactos en las relaciones de cortesía y de cooperación mutua entre fiscales de EU y España. Pero la complicidad que revelan esos contactos cuestionan esa versión edulcorada.
Si a los contactos con fiscales se añaden los acercamientos personales a jueces de la Audiencia Nacional, el escenario que dibujan los informes ahora revelados es más que preocupante. Y especialmente destacables son las maniobras de la embajada estadounidense, con la activa colaboración del fiscal jefe Zaragoza, para apartar al juez Garzón del caso de las torturas de Guantánamo coincidiendo con la ofensiva desencadenada contra dicho juez por el asunto de la memoria histórica.