De acuerdo con la teoría de la democracia, esta se presenta en tres diferentes clases: la democracia directa o pura; la indirecta, representativa o parlamentaria; y la semidirecta. En la antigüedad, en la cuna de la democracia, Atenas, la democracia pura o directa era el modelo por excelencia, ya que el pueblo participaba directamente en las decisiones de Gobierno, a través de asambleas populares que se reunían cada cierto tiempo para aprobar y aplicar sus leyes. Este modelo, con el pasar de los siglos y acompañado del crecimiento de la población y de la proliferación de estados democráticos, se convirtió en inaplicable y pasó a formar parte de la historia evolutiva del modelo administrativo griego.
En la actualidad, la segunda forma, la democracia indirecta, representativa o parlamentaria, es la aplicada en la mayoría de los Estados democráticos, incluyendo al nuestro. Esta variación consiste en que los ciudadanos de un Estado eligen, a través de elecciones populares libres, a sus representantes para el Gobierno los que sean considerados cargos de elección popular, que durante un período de tiempo tendrán el deber de ejercer el poder en nombre de los ciudadanos del Estado, sujetos a una forzosa responsabilidad popular y reflejando la voluntad del electorado.
No obstante, los principales gestores de los sistemas democráticos modernos se percataron y aceptaron que la democracia indirecta limitaba, en gran medida, la participación ciudadana, poniendo en riesgo la veracidad del concepto democrático. Fue así como, desde finales de la Edad Moderna, se dio inicio a la aplicación de la democracia semidirecta, forma que ha tomado gran relevancia durante la Edad Contemporánea y que, desafortunadamente, no es aplicada en su totalidad por la mayoría de los Estados democráticos, incluyendo Panamá.
La democracia semidirecta surge como complemento a la democracia indirecta, y consiste en la permisión de cierto grado de participación ciudadana en las decisiones de gobierno; esto a través de iniciativas populares, referéndum, plebiscito y la renovación popular. Las iniciativas populares consisten en que los ciudadanos, en forma organizada, pueden presentar un proyecto de ley; las iniciativas pueden ser directas la ciudadanía aprueba o rechaza sus propuestas, método inaplicable en la actualidad o indirectas las propuestas ciudadanas son aprobadas o rechazadas por el parlamento. Las iniciativas populares indirectas son viables, pero no se aplican en la actualidad.
En el caso de referéndum y plebiscito, el primero establece la decisión ciudadana sobre un tema en particular, y su resultado es de aplicación obligatoria por parte del Gobierno; el segundo, establece la opinión ciudadana sobre un tema en particular, y su resultado no es de obligatorio cumplimiento por parte del Gobierno. Ambos aspectos son aplicables en la vida democrática de nuestro país.
Por otro lado tenemos la renovación popular, aspecto que consiste en la libertad que tienen los ciudadanos de decidir revocarle el mandato a sus representantes si estos no han cumplido con sus compromisos, previamente adquiridos en campaña; o aprobárselo para que continúen por el resto del período, si consideran que están cumpliendo. Este sistema, aplicable pero ignorado por la mayoría de nuestras democracias en Venezuela ya es constitucional y se ejerce a través del referéndum revocatorio, próximo a celebrarse, sería el mecanismo que impulsaría una ampliación institucional ideal para nuestras naciones, un tanto desalineadas a los conceptos básicos de la democracia.
En nuestro país, más que la iniciativa popular indirecta que sería muy interesante emplearla, la renovación popular debe ser un aspecto aplicable en un futuro no muy lejano. Si el pueblo es el que elige a sus gobernantes, es él quien debe determinar si deben continuar o no ejerciendo los cargos. Este derecho sería aplicable a todos los cargos de elección popular, tanto para los de carácter nacional presidente y vicepresidentes, como para los que se circunscriben a regiones específicas legisladores, alcaldes y representantes. Lo propuesto sería una forma de perfeccionar nuestra democracia y, a pesar de que este modelo no es aplicado en muchas naciones primer mundistas, nuestros sistemas de gobierno repletos de burocracia y corrupción han demostrado que requieren de herramientas como éstas, que le permitan al pueblo cambiar de representantes si estos no cumplen con sus compromisos y violan los preceptos de dignidad social y responsabilidad nacional.
