En su informe Ataques a la prensa en 2010: Análisis de Américas, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), resalta una triste realidad que ya desde hace un tiempo sufre el continente y que cada vez es más evidente y difícil de disimular: esto es, que la censura y los ataques a la libertad de prensa en América Latina han alcanzado los niveles más altos en los últimos 30 años tras el retorno a la democracia.
El informe del CPJ, además de consignar el alto número de periodistas asesinados y la impunidad imperante para estos crímenes y condenar el crimen organizado, resalta y señala otras vías de censura que se aplican, especialmente a través de la justicia, para acallar a los medios y coartar la información. En el informe, por ejemplo, se señala a la justicia brasileña, a la “censura judicial” concretamente, como el gran obstáculo al trabajo periodístico en Brasil.
Pero esa realidad de Brasil es la misma en Venezuela, eso sí más grotesca y ordinaria –que menos se puede esperar de Chávez quien da las órdenes a los jueces por TV–, y se da en muchos otros países del continente donde los magistrados incluso se adelantan y no esperan las ordenes. Y cuando la censura no es por la vía judicial , recurren a la persecución fiscal y sueltan a jaurías de inspectores, o salen a la compra de prensa complaciente con publicidad oficial, con créditos blancos y plata dulce.
Dicen voceros del CPJ que los niveles de censura no alcanzan aún a los de la era de las dictaduras militares, aunque igual es muy preocupante. Es difícil hacer una comparación, pero seguramente es así solo en términos absolutos.
Aquéllas eran dictaduras y ahora se habla de democracias. En aquella época se sabía que había censura y que se estaba en dictadura. Hoy ¿es posible seguir hablando de democracia cuando se sabe que la libertad de prensa, como en Venezuela, está limitada, y que la independencia de poderes, como ha sido comprobado no existe, aunque la OEA no se anime a encararlo?
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se apresta a hacer un plebiscito para concentrar más poder, del que ya abusa. La propuesta de consulta popular aparentemente cae en varias inconstitucionalidades que, como corresponde, analiza la Corte Constitucional. La prensa informa al respecto, como también informa sobre un caso de corrupción que involucra a dos diputados del partido del presidente Correa. Éste se enfurece y utiliza todos los medios de comunicación públicos y oficialistas y el dinero del Estado, y acusa a la prensa, de “sicariatos de tinta” “corruptos”, “conspiradores”.
En cualquier momento dice que quieren dar un golpe de Estado contra él, se abre la camisa y dirá que lo quieren matar (eso sí, rodeado de decenas de custodios no sea que corra algún riesgo) y decreta la censura de prensa y el estado de emergencia. ¿Cree alguien que si un medio le hace un juicio al presidente Correa por sus insultos y agravios, algún juez lo condenará? ¿Creen que la Corte Constitucional que estudia la propuesta para el plebiscito, o quienes investigan los casos de corrupción, no se sienten “algo“ presionados?