Esta semana la sociedad panameña recibió una buena noticia: dos de las tres instituciones regionales con distintos sistemas de información, seguimiento y medición de la pobreza, señalan que Panamá puede alcanzar la meta propuesta en el primer Objetivo del Milenio. El Informe de CEPAL sobre Pobreza y Distribución del Ingreso en el período 2001–2007, presentado el día lunes, y el Informe de Desarrollo Humano, Panamá 2007–2008, presentado por el PNUD el jueves, muestran una serie de evidencias concretas sobre la reducción de la pobreza extrema, además de las posibilidades reales que tiene el país para disminuir la pobreza general.
Desde hace varios años las instituciones internacionales habían expuesto tal posibilidad. Sin embargo, hasta hoy, en buena hora, se generan todas las evidencias que permiten afirmar que Panamá puede reducir aceleradamente la pobreza extrema. Los últimos años han sido propicios para el cumplimiento del primero de los objetivos del milenio, porque se registró un incremento sustantivo del gasto social, un sostenido crecimiento económico, diversos y complejos cambios demográficos, al tiempo que se presentan modificaciones en las pautas culturales y la solidaridad de la sociedad panameña. De hecho, el país había logrado avanzar hasta el momento, según CEPAL, en más del 65% en el cumplimiento de la meta de reducir la pobreza. Si la tendencia se mantiene, como en efecto parece, Panamá a través de una combinación de políticas sociales, focalizadas y articuladas puede incluso según los informes, acercarse de manera importante al cumplimiento del resto de los objetivos del milenio, en tanto los mismos están asociados a la reducción de la exclusión y la desigualdad.
Los avances significativos colocan a Panamá entre los cuatro países latinoamericanos que están más cerca de cumplir con la meta trazada en los Objetivos del Milenio. Pero, para seguir avanzando en la reducción de la pobreza extrema y la pobreza general, se tienen que establecer acciones integrales como ampliar el gasto social e incrementar su eficiencia y su efectividad a través de la evaluación de procesos y la evaluación de impacto de los programas sociales más relevantes.
La reducción integral de la pobreza y la pobreza extrema dependen de la creación y puesta en marcha de un sistema de protección social que articule las decisiones operativas y financieras; fortalezca los programas sociales que garantizan la realización de derechos fundamentales; defina un mecanismo de planificación micro-regional; elabore indicadores e índices de medición por resultados y desempeño; genere instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación; y diseñe sistemas de información gerencial y metas.
El sistema de protección social no es un Estado de bienestar pleno, sino un conjunto de garantías adecuadamente articuladas en el tiempo y el espacio en torno a programas específicos. Identificar las garantías de manera sencilla, pero operativa es el primer paso para establecer un sistema de protección social. Las corresponsabilidades articuladas a los servicios, en el caso de la Red de Oportunidades, son el mejor ejemplo, e igualmente, el mejor punto de partida.
Las políticas de protección social articuladas en un sistema facilitarían la reducción de las brechas y la desigualdad al mismo tiempo que se reduce la pobreza en todas sus dimensiones. El instrumento principal de una estrategia de combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión será entonces un sistema de protección social con capacidad de atender de manera técnica, transparente y directa cada tipo de pobreza, garantizando la continuidad de los programas sociales en el tiempo y con ello, pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado. En el caso de Panamá, ese es el reto.

