Es un día como muchos. Sales a la calle en tu auto y te encuentras con menos tráfico, pero la misma presión de cada quien para llegar a donde va en el menor tiempo posible. La desesperación de los conductores del transporte público es más peligrosa, puesto que ganar tiempo, o un pasajero, se ha convertido virtualmente en asunto de vida o muerte. Seguimos pensando que esta situación es un riesgo muy elevado para los usuarios y para el resto de los conductores que transitan por nuestras calles, pero ahora entiendo su frenesí. El alza del precio del combustible, sin la opción de ajustar las tarifas, le ha puesto una estrechez a su actividad que en muy poco tiempo será insostenible.
Este no es un escenario exclusivo del sector transporte . La ciudadanía entera está siendo fuertemente afectada por el mismo fenómeno –sube el precio del combustible y no aumentan los ingresos–. Todos estamos obligados a realizar un esfuerzo para ahorrar combustible. A mi manera de ver las cosas, es la única alternativa inmediata que tenemos. Nos debemos mover solo por lo estrictamente necesario, organizar nuestra ruta de viaje lo más eficientemente posible, cambiar los hábitos de nuestra vida cotidiana y poner en practica todas aquellas recomendaciones mecánicas para protegernos del continuo aumento de la gasolina y el diésel.
Todo esto nos lleva a hacer sacrificios, incluso en las compras cotidianas, hasta restringirnos a lo básico y necesario. Los artículos de primera necesidad no demorarán en aumentar, siguiendo la cadena del combustible, porque el consumidor, al final del día, es el que termina pagando los platos rotos. La vida nos ha cambiado.
Pero... ¿dije que la ciudadanía entera se ha afectado?, ¿que todos debemos hacer sacrificios? Si crees que somos todos, ¡te equivocaste!
Además de las desigualdades que conocemos hay en nuestro país, ahora ha saltado a la luz pública como un latigazo hiriente el privilegio de contar con 100 galones de gasolina gratis para uso personal de unos 60 funcionarios del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral , las procuradurías de la Nación y de la Administración y algunos fiscales. Alegan estos "ciudadanos especiales" que tal beneficio es parte de su compensación como está establecido en el Código Judicial. ¡La gran flauta!, como diría Mafalda.
Esto es una bofetada lacerante en el rostro de la mayoría de los panameños, y es más hiriente cuando nos enteramos de que este privilegio lo tienen personas que ganan entre 6 mil y 10 mil dólares mensuales. A ninguno de ellos le hace falta 100 galones de gasolina al mes para satisfacer sus necesidades básicas.
Solo la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, su secretario Rigoberto González, el fiscal José Ayú Prado y los fiscales Anticorrupción Cecilia López y Daniel Batista han renunciado a este privilegio innecesario y chocante, demostrando con esa acción su solidaridad y sensibilidad social con el resto de los panameños, lo que les permitirá circular por las calles del país con el rostro en alto. Nuestro aplauso.
Y... ¿los otros? Parece que no hay circunstancia alguna que los mueva a la solidaridad y que los identifique con nosotros. Ellos son gente distinta, ellos viven aparte del acontecer nacional; se consideran merecedores de esto y de mucho más. Al menos eso es lo que nos demuestran con su actitud.
Van bien. Están acumulando suficientes puntos para justificar lo que se ve venir: algún día –cada vez más cerca– un pueblo airado los sacará a empujones de sus puestos. Luego no se lamenten de las consecuencias que su indiferencia les ha traído. Llegado ese momento les diré, al compás de toda la ciudadanía: ¡Se los dije, ahora no se quejen!
