Sucede en Bocas del Toro, en Las Perlas, en la capital, en Los Santos, en Chiriquí: por todos lados se están perpetrando violaciones a las normas ambientales: la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) -las autoridades en general- está demostrando una peligrosa debilidad institucional. Eso hace que empresarios sin escrúpulos se manejen bajo la lógica perversa de "destruye que luego pagamos". Las multas son nada para estos proyectos millonarios. Pagan muertos de la risa y siguen adelante.
Y no se trata de un asunto exclusivamente ambiental: estas empresas están atentando contra el desarrollo socioeconómico del país al destruir sus recursos únicos. Lamentable es que personas serias defiendan la destrucción del país con la excusa del "desarrollo". No hay que ser una lumbrera para saber que aquello que estamos viendo hoy no es más que la explotación torpe de unos recursos que manejados estratégicamente habrían representado el sostenimiento de una exitosa industria turística basada en lo natural.
En general se trata de conductas y modelos turísticos que hace años fueron expulsados de los países serios. Solo en Panamá se ponen las islas de un archipiélago tan importante como el de Bocas al servicio de un desarrollador de barriadas amuralladas. Solo aquí la gente se atreve a comprar tierra a base de títulos de propiedad fraudulentos. Nada más en nuestro país llegan unos tipos a construir un...!delfinario! Únicamente en Panamá se construye y luego se cumple… con el estudio de impacto ambiental.
Esta inoperancia de la ley y ausencia de institucionalidad ha terminado atrayendo a lo peor de la inversión internacional. Gente que se comporta como forajidos modernos; una especie de maleantería con billete (perdón por la redundancia) que irrespeta la cultura y los derechos de la gente allí donde llega.
