Alexandr Lukashenko lleva 16 años encarcelando a sus oponentes, silenciando a los medios de comunicación tímidamente críticos y gobernando la ex república soviética de Bielorrusia como lo haría el antiguo jefe de una granja colectiva. El dictador bielorruso, caritativamente calificado hace pocos años por Washington como el último de los de su especie en Europa, ha decidido falsificar una nueva elección presidencial y reelegirse para un cuarto mandato. Raramente un autócrata renuncia de buen grado al control absoluto del poder.
Los observadores de la OSCE presentes en Bielorrusia consideran fraudulentos los comicios en los que Lukashenko ha obtenido alrededor del 80% de los votos, descalificándolos como el supuesto punto de partida de una nueva etapa. La UE y Estados Unidos han condenado la brutalidad de las fuerzas de seguridad contra los miles de opositores que protestaban por el pucherazo en Minsk y el encarcelamiento arbitrario de centenares de ciudadanos, entre ellos varios candidatos electorales.
Solo Moscú guarda silencio sobre la represión en el territorio que le sirve de tapón con la OTAN y de tránsito para su gas en ruta hacia Europa. El presidente Medvédev se ha limitado a constatar que las amañadas elecciones presidenciales son asunto interno de un país independiente.
Bielorrusia, 10 millones de habitantes emparedados entre Rusia y la Unión Europea, ha sido bajo el férreo control de Lukashenko el más estrecho aliado de Moscú, que ha sostenido la economía dirigida de su vecino con gas barato y petróleo libre de impuestos. El Kremlin ha ido enfriando paulatinamente ese idilio, ahora con altibajos, después de algunas salidas de tono de su protegido; entre ellas, el rechazo a reconocer la independencia de las repúblicas secesionistas de Osetia del Sur y Abjazia –dogma para Moscú– o sus presiones para seguir obteniendo gas a precios de ganga.
Este distanciamiento relativo de su histórico valedor ha sido el detonante para que Minsk se haya vuelto hacia Europa como fuente financiera alternativa, una Europa que ha manifestado su disposición a ayudar a la fronteriza Bielorrusia a cambio de democratización, transparencia y libertades. Si el juicio de la OSCE sobre la farsa electoral del domingo y su violencia es un elemento crucial a la hora de adoptar una decisión, la UE debe mantener cerrada la puerta a Lukashenko.