A poco menos de que se cumpla un año de que Arizona promulgara la infame Ley SB 1070, los inmigrantes y sus familias, así como diversas agrupaciones de negocios, departamentos de policía, iglesias, un puñado de políticos y los defensores de los inmigrantes, han forzado una tregua a la persecución.
De los 20 estados que en su momento anunciaron su intención de promulgar leyes semejantes, por lo menos en ocho de ellos: Nebraska, Indiana, Oklahoma, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Texas las reacciones en contra de las medidas draconianas han logrado mitigar sus provisiones y en algunos casos, incluso, relegarlas al olvido.
Las agrupaciones de negocios aducen, con razón, que la controversia que este tipo de leyes genera tiene más costos que beneficios, entre otras cosas porque obliga a los patrones a verificar la situación migratoria de sus empleados y los embarca en un proceso que es redundante, costoso y anticompetitivo.
Siguiendo la misma lógica, los políticos más sensatos se han percatado de que en esta época en la que todos los estados de la unión americana enfrentan déficits millonarios que les obligan a recortar el gasto, la aprobación de este tipo de medidas no solo implica el gasto legal para defenderlas en los tribunales, sino que inhibe la recepción de nuevos ingresos porque generan boicots de turistas y propician la cancelación de convenciones, encuentros y festivales que tienen un efecto devastador en las industrias como la de hoteles y restaurantes que dependen del turismo.
Irónicamente, quienes han estado a la vanguardia de la lucha de resistencia contra este tipo de medidas draconianas han sido los jefes de policía y los alguaciles, a quienes la ley obliga a involucrarse en asuntos de inmigración que son competencia exclusiva de las autoridades federales. Apenas el jueves pasado, un informe del Grupo Nacional de Investigación Policiaca, cuyos hallazgos fueron publicados en The New York Times, recomendó a los jefes de policía prohibir a sus agentes realizar funciones que no les corresponden como, por ejemplo, arrestar o detener a personas para inquirir sobre su estatus migratorio.
La rebelión de los jefes de policía no podía ser más justa, pues las nuevas obligaciones no solo les distraen de su ocupación principal, que es prevenir el delito e investigar y arrestar a los criminales de verdad que roban, defraudan o matan a ciudadanos inocentes, sino que significan un gasto de sus menguados presupuestos y dañan, en algunos casos, su reputación con las comunidades en las que hacen su trabajo. “Mi responsabilidad”, declaró un jefe de policía del estado de Virginia a The New York Times, “es servir a la comunidad entera sin detenerme a precisar cómo fue que llegaron a vivir a esa comunidad”. Y, abunda la nota del Times, lo mismo han dicho los jefes de los dos departamentos de policía más grandes del estado de Nebraska y muchos otros.
También ha sido clave la eficacia del trabajo de las organizaciones defensoras de los inmigrantes que promueven los boicots; entablan demandas contra las leyes discriminatorias y racistas; organizan marchas para denunciar la hipocresía de quienes contratan a indocumentados para luego deportarlos; cabildean con los representantes más razonables y organizan el voto de los hispanos para apoyar a quienes los defienden y repudiar a quienes los atacan. Las iglesias también han jugado un papel importante denunciando la inhumanidad de medidas que separan a familias, siembran incertidumbre en las comunidades y atentan contra su labor humanitaria y su ética profesional al impedirles socorrer a quienes les solicitan ayuda.