El embajador de Venezuela en Madrid insinuó el martes, y luego matizó a medias, que las declaraciones de dos etarras detenidos la semana pasada en Guipúzcoa sobre su participación en un cursillo de adiestramiento terrorista celebrado en ese país pudieran haber sido arrancadas irregularmente. El embajador también aventuró la hipótesis de que pudiera tratarse de una estrategia defensiva de los detenidos para “aminorar la pena”.
Lo primero es una grave acusación lanzada a voleo, impropia de un diplomático. Y si no se puede excluir que Xabier Atristain y Juan Carlos Besance hayan confesado con la esperanza de ganarse la benevolencia de los jueces, eso no es un argumento contra la veracidad de su testimonio. También es cierto que ni siquiera la confesión es prueba suficiente de la utilización del territorio venezolano para ese menester. Pero de esa utilización hay otros indicios potentes: el ordenador del ex jefe de las FARC Raúl Reyes, un documento incautado en mayo de 2008 al entonces jefe de ETA Thierry librando el dinero necesario para un cursillo sobre armas y explosivos en Venezuela, las declaraciones de desmovilizados de las FARC. A ello se une ahora esta declaración autoinculpatoria de dos etarras, incluida en un auto judicial.
Son indicios que requerirían una investigación por parte de las autoridades venezolanas, y no la simple y enfática negación. En el comunicado conjunto suscrito en marzo pasado por los Gobiernos de Caracas y Madrid se incluye el compromiso expreso de “colaboración judicial y policial contra ETA”. El propio Hugo Chávez, tras negar credibilidad a las declaraciones de “criminales sanguinarios” reiteró su “rechazo sin paliativos a ETA”, lo que fue considerado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como respuesta “contundente” y “adecuada”.
Sin embargo, lo adecuado de la actitud del Gobierno venezolano no depende de la adjetivación o la prosodia empleada, sino de las actitudes. Y ni siquiera ha sido tomada en consideración la petición cursada en marzo por la Audiencia Nacional para la extradición de Arturo Cubillas, ya citado en otros procedimientos anteriores y señalado ahora por los declarantes como uno de los dos etarras que impartían el cursillo. El hecho de estar nacionalizado tras casarse con una venezolana se ha citado como argumento para no conceder esa extradición, pese a que expertos juristas consideran que sería posible; y por otra parte, Cubillas ocupa un cargo en la Administración venezolana. ¿No sería lógico abrir una investigación y separarlo entre tanto del puesto?