Tras un mes del golpe de estado en Honduras, el depuesto presidente Mel Zelaya sigue en Nicaragua, y a pesar del consenso inicial de condenar el golpe y demandando su reinstauración, el desacuerdo entre los demócratas ortodoxos y los neo-demócratas de la región sobre la estrategia para reincorporarlo a su puesto se hace cada día más profundo.
El impasse ha generado un debate sobre el rol de la Organización de Estados Americanos en la defensa de la democracia y el papel de Estados Unidos (EU) en esta lucha.
La OEA muestra las debilidades estructurales que le impiden ejercer un liderazgo sereno y oscila de la exaltación promovida por los países miembros del Alba, a la moderación pragmática que le dictan los países democráticos.
A pesar del éxito inicial de su gestión forjando un consenso hemisférico de condena al golpe, su inconsistente aplicación de la Carta Democrática que supuestamente rige su conducta le ha ocasionado críticas justas.
Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, apunta que “entre 1996 y 2006, tres presidentes ecuatorianos fueron removidos de sus cargos, bajo el arbitrio de las fuerzas armadas y en ninguno de estos casos hubo una reacción semejante a la que ha provocado el caso de Honduras”.
Otros cuestionan a la OEA por su silencio cuando los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Ecuador minan las instituciones democráticas de su país en su intento por perpetuarse en el poder.
¿Qué hizo la OEA cuando gobernadores y alcaldes de la oposición de Caracas denunciaron que el Presidente de Venezuela “usa la democracia para destruirla”?; ¿qué hizo cuando le acusaron de dar un “golpe de Estado en marcha contra los gobiernos democráticamente electos por el pueblo en noviembre de 2008”, y de intimidar a los medios? ¿Dónde estaba la OEA en los meses previos a las elecciones municipales de noviembre en Nicaragua, cuando Ortega maniobró para impedir que figuras de la oposición estuvieran en las balotas; cuando hostigaba a periodistas independientes y a organizaciones no gubernamentales; cuando impidió la presencia de observadores internacionales; cuando antes de terminar el recuento oficial del voto por la Alcaldía de Managua, dio la orden de declarar ganador a su candidato?
¿Por qué no interviene la OEA cuando se hacen públicos los videos que muestran a uno de los jefes de la narcoguerrilla colombiana detallando las contribuciones de la organización criminal a la campaña presidencial del ahora presidente ecuatoriano Rafael Correa? ¿O cuando amenaza a los medios de comunicación que publican artículos que cuestionan su gestión o los negocios de su hermano? Si la OEA quiere fortalecer la democracia en el hemisferio debe aceptar que en las condiciones políticas actuales no basta con ganar una elección, sobre todo cuando la capacidad del Gobierno para manipularla es tan evidente. Así mismo, la organización debe reformar la Carta Democrática para incluir la protección no solo del Ejecutivo, sino de los poderes Legislativo y Judicial que son, precisamente, los que mayor acoso sufren de parte de los ejecutivos autocráticos que hoy proliferan en la región.
Afortunada y desafortunadamente, en estos momentos no le corresponde a EU encabezar una revolución democrática de estos alcances, sino al grupo de países moderados que siguen creyendo en las virtudes de la democracia liberal.