La prisión de Bagram, al norte de Kabul, se convirtió en símbolo ominoso para los ciudadanos afganos. El gobierno de Obama, que se plantea enviar más tropas a ese país –el Presidente cree que esa es una guerra justa, al contrario de la de Irak–, tiene listo un plan para dar un trato legal más correcto a los 600 detenidos ahí encerrados, muchos de ellos desde hace más de seis años. Esto significa un cambio radical respecto a la política y prácticas de la administración Bush, puesto que facilitará que en cada caso exista la posibilidad de apelar.
Las nuevas directrices, que tampoco satisfacen del todo a las organizaciones que defienden los derechos humanos, supondrán que los prisioneros de la base de Bagram tendrán el derecho de cuestionar su detención.
Así lo reconocieron fuentes del Pentágono a los diarios The New York Times y The Washington Post, que avanzaron las líneas maestras el fin de semana en que la guerra afgana ha dejado otros cinco muertos entre las tropas de Estados Unidos. El temor de que esta guerra sea el Vietnam de Obama crece cada vez más en las filas de su partido, el Demócrata.
Estas directrices, que se prevé anunciar en los próximos días, permitirán atribuir a cada uno de los reclusos un oficial militar que se encargará de su defensa legal. Estos asesores no serán abogados, pero por primera vez tendrán la posibilidad de reunir declaraciones de testigos y pruebas, entre las que se incluye material clasificado, para poder solicitar la revisión de su detención.
En Bagram, a diferencia de los recluidos en el presidio de Guantánamo, los presos no tiene derecho a un defensor ni siquiera a escuchar las acusaciones formuladas contra ellos. Solo a revisiones rudimentarias del denominado estatuto de combatiente enemigo. Desde el pasado julio, los ingresados en la citada base –se prevé cerrar el penal este otoño y sustituirlo por otro más humano– se niegan abandonar sus celdas para ducharse, encontrarse con sus familiares o delegados de Cruz Roja, o participar en otras actividades. Es su manera de protestar por una detención ilimitada en el tiempo.
“Con estas medidas se pretende separar a los presuntos extremistas de los presos más moderados que se pueden rehabilitar. No queremos retener a nadie que no debamos retener”, explica The New York Times a partir de una fuente militar que pidió el anonimato. El funcionario no quiso hacer estimaciones acerca del número de internos que podrían ser puestos en libertad, si es el caso.
Aunque se ha visto como un cambio en la política del Gobierno, y un paso adelante, las organizaciones de derechos humanos consideran que todavía es insuficiente. “Se trata solo de palabras sobre un papel –sostuvo Tina Foster, directora de International Justice Network–, salvo que haya alguien que supervise que cada uno de los presos entiende el asunto, y los avale”.