Los historiadores han dividido la historia del mundo occidental en épocas que representan los valores culturales, económicos y políticos de la época. Es así que pasamos por el oscurantismo, el renacimiento, la reforma y la edad de la razón. Pero ¿cómo se definirá la primera mitad del siglo XXI? ¿Será la edad de la regresión, en la que los países se replieguen y busquen soluciones dentro de sus propias fronteras, atesorando recuerdos de prosperidad? ¿Será la edad de la intolerancia, en la que se culpe a los inmigrantes y extranjeros por el aumento del desempleo? ¿O será llanamente la edad de la decadencia? Podría y debería ser la edad de la responsabilidad, como señaló el presidente Obama. Para que lo sea, será necesario un cambio de actitud y políticas de cooperación entre Estados Unidos y el mundo.
¿Cómo sería la edad de la responsabilidad? En primer lugar, sería una era de globalización responsable, de prevalencia de la inclusión y la sostenibilidad sobre el enriquecimiento de pocos. Ello implica un crecimiento que incluya oportunidades para los pobres, desarrollo tecnológico, microfinanciamiento y préstamos para pequeños empresarios, acuerdos comerciales beneficiosos para ambas partes y niveles de ayuda suficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Los primeros pasos son finalizar la ronda de negociaciones comerciales de Doha y renovar el compromiso de proporcionar la asistencia al desarrollo que se ha prometido.
Segundo, debería ser una era de gestión responsable del medio ambiente. Las bases podrían sentarse en diciembre en Copenhague, con un acuerdo sobre el cambio climático para reducir las emisiones de carbono mediante el uso de nuevas tecnologías. Tercero, sería una era de responsabilidad financiera, a nivel tanto personal como sistémico. Debería comenzar con un acuerdo de las principales economías en la cumbre del G–20 en Londres, a fin de lograr la cooperación de los gobiernos en materia de expansión fiscal en un marco de disciplina presupuestaria. Dichas economías deberían acordar un plan para evitar el proteccionismo, reabrir los mercados de crédito y enfrentar a los préstamos incobrables para que los bancos puedan recapitalizarse.
Cuarto, sería una era de multilateralismo responsable en que los países e instituciones busquen soluciones prácticas a problemas interdependientes. Ejemplo de ello serían un esfuerzo conjunto por lograr acuerdos sobre suministros de alimentos con fines humanitarios y la búsqueda de un precio de la energía o impuestos que fomenten la inversión en fuentes menos contaminantes y en la conservación de la energía.
Quinto, sería una era de participación responsable, en que la toma de decisiones en la economía acarree tanto responsabilidades como beneficios. En ella se observaría a los antiguos clubes de países más poderosos ceder el paso a un grupo directivo ampliado que actuaría de acuerdo con la realidad económica vigente. Este grupo tendría el deber de actuar y de dialogar en conjunto. Nuestra edad de la responsabilidad debe ser mundial, no solo occidental.
El rumbo estará marcado por el modo en que respondamos a la crisis durante los próximos meses. Como primer paso, los países desarrollados deberían destinar el 0.7% de sus paquetes de reactivación a un fondo contra la vulnerabilidad, de apoyo a los más necesitados. El Banco Mundial podría administrar la distribución de los recursos, conjuntamente con la ONU y los bancos de desarrollo. Podríamos utilizar los mecanismos para entregar los fondos de manera rápida y flexible, con apoyo de sistemas de seguimiento y salvaguarda para garantizar que el dinero tenga el debido destino.
Tras la crisis del año pasado derivada del encarecimiento de los alimentos y los combustibles, la crisis financiera aumenta los peligros para los países más pobres. La restricción del crédito y la recesión socavan los ingresos públicos y restringen la capacidad de los gobiernos para alcanzar los fines de educación, salud y las cuestiones de género. Las remesas se desaceleran. La inversión extranjera y nacional está congelada. El comercio internacional está disminuyendo. La agitación social aumenta. Una reducción el 1% de la tasa de crecimiento de los países en desarrollo sumergirá en la pobreza a otros 20 millones de personas. Como resultado de las alteraciones de 2008, ya han caído en la pobreza 100 millones de personas.
Los países pobres necesitan tres tipos de intervenciones: programas de protección social para amortiguar el impacto del cambio desfavorable de la coyuntura en los pobres; inversiones en infraestructura para sentar los cimientos de la productividad y el crecimiento mientras se da trabajo a la gente, y financiamiento para que la pequeña y mediana empresa genere empleo. Los donantes podrían adaptar sus contribuciones al fondo contra la vulnerabilidad de acuerdo con sus intereses. Este enfoque ha dado resultados en el caso del respaldo que Japón y Alemania brindaron hace poco a dos iniciativas del Banco Mundial: la recapitalización de bancos de países pobres y la decisión de dar financiamiento provisional para proyectos de infraestructura viables que quedaron sin apoyo financiero.
Este plan es viable. La meta de la ONU para la asistencia es del 0.7% del PIB. La propuesta de brindar el 0.7% del paquete de reactivación de cada país desarrollado equivale tan sólo a una pequeña fracción de los cientos de miles de millones destinados al rescate de los bancos y, sin embargo, podría tener influencia en los cientos de millones que son víctimas de una crisis causada por otros. Más importante: sería una señal de la firme decisión del mundo de optar por resolver la crisis y no dejar que ésta lo defina.