El Consejo Europeo celebrado la pasada semana decidió limitar la aplicación de la libertad de circulación de las personas, regulada en el acuerdo de Schengen, en los casos en que se produzca una excepcional afluencia de inmigrantes hacia alguno de los países miembros.
Los Veintisiete aceptaban así la iniciativa con la que Sarkozy y Berlusconi consiguieron resolver la tensión entre sus países ante las revueltas en Túnez y Libia. Se trata de una victoria propagandística de ambos contra un adversario que no existe: los tunecinos y los libios que llegaron en aquella ocasión no eran inmigrantes, sino refugiados a quienes Europa cerró ignominiosamente la puerta.
Aunque faltan por concretar detalles relevantes, como determinar si la decisión de suspender el acuerdo corresponde solo a los Estados o debe participar, además, alguna instancia común, el acuerdo del Consejo Europeo supone un grave retroceso de uno de los mayores avances de la Unión. Poco importa que los jefes de Estado y de Gobierno hicieran un cínico elogio de Schengen y que asegurasen que el mecanismo de suspensión aprobado sería excepcional y transitorio. El retroceso se encuentra en los presupuestos desde los que adoptaron la iniciativa francoitaliana, en implícita contradicción con algunos principios que rigen la construcción de la Europa unida.
El acuerdo debilita la solidaridad entre los Veintisiete, puesto que, en la práctica, la suspensión de la libertad de circulación solo puede ser decidida por los Estados vecinos del socio europeo que se enfrente al supuesto de una llegada masiva de inmigrantes.
Por excepcional y transitoria que sea la suspensión, abre la puerta a una renacionalización de la política migratoria de la Unión, puesto que cada país, en especial los que disponen de fronteras exteriores, corre el riesgo de tener que componérselas por sí solo en caso de producirse la hipotética llegada masiva de extranjeros.