La magistrada Graciela Dixon viene a ser la primera mujer abogada de la etnia panameña afroantillana, en ocupar un puesto de alta jerarquía en la Corte Suprema de Justicia. Desde muy joven fue una alumna destacada académicamente, identificada siempre con los problemas de las clases populares, a través de las dirigencias estudiantiles y sindicales. Dejando atrás de esta manera la falsa opinión, de que los dirigentes estudiantiles eran jóvenes con problemas académicos o malos estudiantes.
La ciudadanía tiene en la magistrada, la mejor representación popular en el Órgano Judicial, por su bien ganada trayectoria en las luchas populares, dándole así una mayor sensibilidad sobre el concepto de "justicia social", no solamente aprendido en los textos académicos, sino en la práctica de convivencia con el pueblo, y con su grupo étnico antillano, que ha sido el más golpeado y marginado socialmente, identificándose mucho con los derechos humanos. Creo que en estos momentos, está de más la clase de comentarios negativos en medios de comunicación, al querer manchar la imagen de la magistrada, vinculando sus luchas populares con grupos de izquierda, como si fuera un pecado mortal, la libertad de pensamiento ideológico, y por otro lado el bochinche de la famosa visa nortamericana, como si esta fuera un privilegio necesario para vivir.
Panamá es un régimen presidencialista, por el tipo de constitución que tenemos, donde los magistrados de la Corte son elegidos de a dedo, propuestos por el Ejecutivo, y ratificados por la Asamblea. Lo ideal sería una selección competitiva de servidores públicos, que muestren una hoja de vida donde se refleje si han trabajado para el Estado o no, sus trayectorias, y llevado esto a un consenso de la opinión pública.
Yo creo que la presidenta de la Corte, al no estar comprometida con firmas de abogados, ni con gremios específicos, mantiene un perfil progresista, que promoverá una nueva forma de comunicación y sensibilidad entre los funcionarios de la institución. Para mi concepto, la magistrada viene a ser el aditivo más indicado para purificar el combustible judicial, que ha estado contaminado por muchos años.