Potenciales y lucrativas reservas de petróleo y gas descansan en la extensa región amazónica de Perú, pero sus habitantes indígenas están furiosos por haber sido excluidos de un plan que busca sacar provecho de la selva.
Semanas de protestas de nativos amazónicos contra planes de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a explotación forestal desencadenaron la semana pasada violentos choques con la policía que dejaron decenas de muertos.
Para los furiosos indígenas, que sobreviven de actividades agrícolas, los esfuerzos del presidente Alan García por dividir sus tierras en parcelas privadas para atraer inversiones extranjeras es el último desaire de una larga historia de abandono oficial. “Vivimos en la miseria y se llevan nuestros recursos y no recibimos nada”, dijo Sirilo Awachi, indígena campesino de 42 años, que vive cerca de la pobre región amazónica de Bagua Grande.
Blandiendo sus lanzas de madera y con sus caras pintadas de rojo, miles de manifestantes se enfrentaron con policías para demandar que el Gobierno derogue una ley de inversiones que consideran una amenaza porque abrirá la Amazonía a empresas mineras y energéticas extranjeras.
Líderes indígenas han afirmado que unos 40 manifestantes fueron asesinados y acusaron a la policía de dispararles desde helicópteros. El Gobierno dijo que 24 policías murieron, algunos de ellos degollados, pero ubicó la cifra de bajas entre los indígenas en nueve. Ambos lados se han acusado mutuamente de lanzar los brutales ataques.
Las tensiones están probando el manejo de García frente a su plan para explotar la riqueza de los recursos naturales con el fin de impulsar la economía. El país sudamericano es uno de los mayores productores mundiales de minerales y es hogar de considerables reservas de crudo y gas natural. Los disturbios también reflejaron la frustración de los pobres de que los beneficios de un reciente boom económico, impulsado por la industria minera, no se perciba en la mayoría del país, donde uno de cada tres peruanos vive en pobreza.