Una preocupación por la situación social del país, que se considera precaria, ha renovado el interés por fortalecer el papel de la familia en la edificación de una sociedad sana y virtuosa. Cada vez más voces reclaman el robustecimiento de la familia como paso indispensable para corregir muchos de los males que se identifican en el cuerpo social panameño.
El domingo último –Día del Padre– el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó que “es una obligación de justicia que el hombre recupere el papel en la familia” (La Prensa, 20 de junio). Ayer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) llevó a cabo el foro “Familia Panameña: por el sendero de la ética”, cuyo mensaje primordial no es otro que el aporte que la familia puede hacer al fortalecimiento de la ética ciudadana y, consecuentemente, al mejoramiento de la sociedad.
Al hablar del tema es importante partir por establecer, con la mayor precisión posible, cuál es la configuración de la familia panameña. Hay que reconocer que, en gran medida, la situación familiar en Panamá no se ajusta al modelo judeo-cristiano de la familia nuclear.
Para muchos, ese paradigma es un ideal; la realidad, sin embargo, es distinta y a la hora de hablar de la familia es importante admitirlo, evitando –al mismo tiempo– censurar o demonizar a las familias cuyos rasgos fundamentales no concuerdan con los del modelo que promueven algunos sectores tradicionales.
También es importante tener en cuenta que el desajuste señalado no es una novedad, sino un fenómeno histórico. Más que replicar el paradigma de la Sagrada Familia, la historia íntima panameña revela una sucesión de amancebamientos, infidelidades, madres abandonadas e hijos fuera del matrimonio. Hay que buscar los orígenes de las conductas expuestas en los patrones culturales que se desarrollaron desde la dominación española y que están firmemente arraigados en la población.
Poco sentido tiene obviar esta situación, falsearla con idealizaciones de un supuesto pasado mejor o, peor aun, fustigar a aquellos cuyas vidas no concuerdan con lo que se plantea como el único modelo válido sobre el cual fundamentar la sociedad.
Más oportuno resulta dirigir las energías invertidas en el reproche hacia la promoción del bienestar de los miembros de la familia, así sea que la configuración de esta no concuerde con el arquetipo judeo-cristiano.
En ese sentido, vale la pena destacar el adelanto que representó, en nuestro medio, la disposición de la Constitución de 1941 que estatuyó la igualdad de todos los hijos, cualesquiera que fuesen las circunstancias de su nacimiento. El artículo 52 de dicha Constitución estableció, en su numeral cuarto, que los padres “tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él”, con lo cual se eliminó la abominable distinción entre hijos “legítimos” e “ilegítimos” que estigmatizaba, injustamente, a una alta proporción de la niñez panameña.
Por otro lado, al considerar la obligación del Estado de proteger la familia, consignado en el artículo 56 de la Constitución vigente, es fundamental reconocer las múltiples insuficiencias que convierten esta disposición en letra muerta. En una infinidad de casos –por ejemplo– las autoridades son incapaces de garantizar el pago puntual de las pensiones alimenticias, con lo cual se afecta sensiblemente el desarrollo de niños y jóvenes.
Dicho incumplimiento ocurre en todas las capas sociales. Reforzar la capacidad del Estado para poner orden en este ramo debe ser un aspecto prioritario de la administración pública.
Aun más dramática es la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de las personas expuestas a los riesgos de la violencia intrafamiliar. Es este el principal problema de seguridad que existe en Panamá; sin embargo, está lejos de ser el que más atención recibe de las autoridades.
El aumento en el número de femicidios, denunciado por los medios de comunicación y otras organizaciones, es una de las manifestaciones de dicha incapacidad. Al respecto, vale la pena citar nuevamente al arzobispo Ulloa, quien recientemente calificó el femicidio como “una aberración que no podemos permitir en nuestra sociedad”, por lo que exhortó a “denunciar el maltrato y apoyar a las víctimas”.