Luego de los primeros 60 días de gobierno de la Patria Nueva solo nos queda una estela de denuncias inconclusas y carentes de fundamento legal, o lo que es peor, plagadas de complicidad implícita para viciar "inocentemente" los debidos procesos que usualmente son acompañados por una voraz de ataques personales que maliciosamente servirán para que al final del camino todas las denuncias queden traspapeladas en algún escritorio, y ocasionalmente en el recuerdo de quien no quiere olvidar la verdad de un país que sufre de amnesia continua.
Sin embargo no todo es tan malo como se quiere hacer ver, ya que la economía nacional refleja perspectivas de crecimiento con alentadores indicadores en los sectores de telecomunicaciones, puertos, Canal de Panamá, y qué decir de la próspera "industria sin chimenea" que registró un aumento de 45% en los últimos cinco años.
Por otro lado, con relación a la polémica suscitada por la inclusión de las actividades operativas del Canal de Panamá en los balances del sector público, es hora de apartar el tema político y entrar a analizar las aristas de forma técnica a fin de buscar las mejores alternativas financieras en función del bienestar común. No es un secreto que las IFI presionan al grado de asfixiar literalmente a nuestros países, a los que han endeudado a sabiendas de que las dictaduras de entonces malversarían los recursos que posteriores generaciones tendrían que asumir con un altísimo sacrificio.
Estos organismos imponen reformas fiscales, topes al déficit presupuestario y condiciones al manejo de las deudas nacionales, limitando la inversión en materia social para asegurar los pagos puntuales de los compromisos que con su complicidad fueron adquiridos. Debido a esto, los países en vías de desarrollo buscan alternativas para contrarrestar estos embates, con medidas creativas que no contravengan las disposiciones financieras internacionales; de esta forma vemos cómo Brasil, México, Venezuela, Colombia y Ecuador con sus respectivas corporaciones petroleras estatales; Chile, con su estatal minera de cobre, y hasta hace poco Panamá con su Canal interoceánico, han utilizado sus principales recursos para maniobrar financieramente a fin de poder honrar compromisos.
Obviamente, la Patria Nueva no veía con buenos ojos los límites presupuestarios que imponía la Ley de Responsabilidad Fiscal con un déficit de 2% ni estaba dispuesta a gobernar el próximo quinquenio con medidas que restringieran el tradicional festín celebrado durante sus mandatos, de modo tal que para el PRD era más "rentable" mandar al quinto infierno la Ley 20, que realizar una operación financiera internacionalmente aplicada.
Consecuentemente con lo expuesto, no resulta lógico que ante un posible déficit fiscal se cambiara la forma de cálculo de un presupuesto ejecutado en un 75% por la pasada administración, en lugar de haber esperado a enero para cambiar la fórmula de calcular dicho déficit a razón de un presupuesto enteramente administrado por el nuevo gobierno. Por consiguiente, desconozco cuál es el alboroto que despierta tanto morbo, o es que simplemente se trata de inconsistencia moral ante situaciones en las que intervienen las conveniencias políticas. Amanecerá y veremos qué pasa.
