La Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia estudia la posibilidad de introducir reformas al Decreto 245, que define su régimen legal, para frenar el mal uso de los fondos que se lleva a cabo en algunos centros escolares oficiales.
En un congreso, que se realizará el 21 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el salón de reuniones de la Gobernación de David, Chiriquí, se tratará la modificación a los estatutos de estas asociaciones y se analizará una propuesta legislativa, que busca también definir el régimen legal.
El pasado 21 de octubre, el legislador Julio César Castillo presentó un anteproyecto de ley, que consiste en un compendio del Decreto 245 del 16 de julio de 1985 y del Decreto 3 del 20 de enero de 1989.
El anteproyecto surge, según Castillo, como un aporte al Diálogo por la Transformación del Sistema Educativo.
Los propios padres de familia solicitaron que se elevara a ley de la República las normas rectoras vigentes de las asociaciones de padres de familia, remarcó.
De acuerdo con Julio César Castillo, esta iniciativa también se da en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y en apoyo al fortalecimiento de los centros educativos, para lograr la armonía y cooperación en beneficio de la educación académica.
