Ante la proximidad del abismo, las democracias suelen activar medidas, muchas veces judiciales, que lo evitan in extremis. Ocurre en Estados Unidos frente a las pulsiones ultraconservadoras. Y ahora sucede en Francia, donde un modesto tribunal administrativo de Lille ha anulado siete órdenes de expulsión de gitanos dictadas por el Gobierno, por considerar que no suponen ninguna “amenaza al orden público”. Una gota de agua en la catarata de expulsiones en lo que va de año de ciudadanos de etnia gitana que, según el Gobierno de París, están en el país ilegalmente.
La decisión judicial desmantela la presunta justificación de la política antigitana emprendida por los ministros de Nicolas Sarkozy, en una insólita furia de dudosa legalidad que la Unión Europea empieza a cuestionar por antidemocrática. Hasta el punto de que la Comisión ha pedido información adicional a París sobre cómo se está aplicando la legislación comunitaria en la materia. Y es que el desmantelamiento de los campamentos gitanos se acompaña de un proyecto de reforma legal del gobierno conservador por el cual se discriminará a los nacionales de origen exterior, quitándoseles en determinados casos la ciudadanía, como si esta fuera un privilegio otorgado y no un derecho adquirido.
Es la vuelta del calcetín de la democracia francesa y el aniquilamiento de algunos de los grandes valores que han hecho de Francia paladín de las libertades y de la acogida a los diferentes.
La deportación de gitanos rumanos y búlgaros, aunque sea formalmente voluntaria, resucita la Francia más oscura. Y solo porque el presidente Sarkozy busca argumentos populistas que le rescaten de su anorexia en los sondeos; y acierta a encontrarlos en una panoplia de medidas autoritarias que confunden inmigración e inseguridad o que buscan chivos expiatorios externos para mitigar el malestar del país, como el ataque a los organismos internacionales que vienen criticando la decisión francesa. O los oídos sordos a la posición liberal y valiente de la Iglesia católica en este asunto.
Salvo excepciones, políticos e intelectuales no han dado la talla en la denuncia de los hechos. Pero no se sabe si al final lo peor será la gravedad del atropello o la simple ineficacia.
Algunos expertos auguran que las expulsiones de nada servirán, pues los gitanos volverán a sus campamentos, como ha sucedido antes. A la inmoralidad se sumaría entonces el ridículo.
