La imparable sangría de suicidios en France Telecom, el gigante francés de las telecomunicaciones, ha obligado finalmente al Gobierno a intervenir. El ministro de Trabajo, Xavier Darcos, citó el lunes al presidente de la compañía, Didier Lombard, para analizar la situación y puso de facto al grupo bajo la tutela del Estado para encontrar una salida a la crisis.
En los últimos 18 meses un total de 23 trabajadores de France Telecom ha puesto fin a sus vidas. La espiral de suicidios ha llegado a tal punto que ha adquirido dimensiones de epidemia: el miércoles de la semana pasada, un empleado de la compañía se clavó un cuchillo en el abdomen en Troyes; dos días después, una mujer se mató al lanzarse al vacío en París desde su despacho; el lunes, otra trabajadora ingirió una sobredosis de barbitúricos. Todos ellos iban a ser cambiados de puesto.
La decisión de la dirección de France Telecom de suspender cautelarmente el proceso de reestructuración interna hasta el próximo 31 de octubre, tomada la semana pasada tras una reunión con los sindicatos (La Vanguardia del día 11), no dio los resultados buscados. Al día siguiente, se producía la 23ra. víctima. Y el Gobierno decidió intervenir.
A la salida de la reunión del lunes, Lombard reiteró el compromiso de la compañía de detener temporalmente las “mutaciones” de personal, así como la contratación urgente de 100 especialistas en recursos humanos, el establecimiento de un número de teléfono especial de asistencia psicológica y la apertura de negociaciones con los sindicatos para abordar el problema del estrés en el trabajo. “Hay que romper el fenómeno de contagio”, subrayó.
El Estado francés –que con un 27% del capital es el principal accionista– va a vigilar de cerca a la compañía. Así, el director general de Trabajo controlará y participará en las negociaciones entre la dirección y los sindicatos, mientras que el consejo de administración será convocado a una reunión extraordinaria, en la que el representante del Estado expresará su preocupación sobre la forma en que se está abordando la reestructuración interna.
“La reorganización debe hacerse con el mayor respeto posible de la vida de los asalariados”, subrayó el ministro Darcos, para quien los trabajadores deben tener una visibilidad de su evolución profesional. Todo lo contrario de lo que está sucediendo, según los sindicatos, que denuncian una política de personal caracterizada por las presiones constantes y los cambios forzados.
Privatizada parcialmente en 1997 y con el Estado en progresiva retirada, todavía entre el 60% y el 70% de sus 106 mil empleados en Francia son funcionarios públicos. Hay quien atribuye el problema a la incapacidad de los empleados más antiguos para adaptarse al mundo de la competencia y de la constante innovación tecnológica. Otros acusan a la dirección de haber puesto en práctica una política de acoso con la que ha logrado, entre el año 2006 y el año 2008, “la partida voluntaria” de 22 mil empleados.