Tres décadas de esfuerzos democráticos en Honduras fueron lanzados al cesto de la basura en la mañana del domingo 28 de junio, precisamente el día en que se iba a realizar una consulta para que el pueblo opinara si quería o no que en las elecciones generales de noviembre, a las urnas correspondientes para la elección de presidente, diputados y alcaldes, se sumara una más, la cuarta urna, a fin de que los votantes decidieran si se convocaba a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución.
De hecho, la motivación real de los golpistas fue evitar la realización de esa consulta, que al no ser vinculante tampoco requería que fuera aprobada o avalada por parte del Tribunal Supremo Electoral.
Era realmente un sondeo de opinión, pero aun así era la primera vez que los hondureños íbamos a ser consultados sobre una decisión trascendental como la redacción de una nueva Constitución.
El golpe de Estado contra Zelaya fue una acción desesperada de la élite gobernante conformada por el poder económico, algunos de cuyos miembros participan directamente en política o utilizan políticos de oficio que defienden sus intereses. Eso explica el porqué no existe ninguna diferencia ideológica o de propuestas entre los miembros del Partido Nacional y el Liberal, los dos tradicionales, y la minoritaria Democracia Cristiana que se acomoda a los intereses del que esté en el poder.
En la actual crisis el “socialdemócrata” Partido Innovación y Unidad también adoptó la misma línea. La única excepción es el izquierdista partido Unificación Democrática, que si bien sufre de muchos de los vicios de los demás, al menos tiene una ideología más definida.
Así las cosas, esa élite gobernante vio en la consulta popular una amenaza a su control absoluto, ya que podría sentar un precedente que les obligaría en adelante dejar en manos del pueblo decisiones que hasta ahora ellos toman en lo que llamamos “misas negras” en las que se negocian desde los candidatos que se van a impulsar ante un proceso electoral, hasta la distribución de los cargos públicos y, por supuesto, los contratos más jugosos del Estado.
Pero esa distribución también incluye hasta los miembros de instituciones claves en un estado de derecho, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral y los integrantes del Ministerio Público.
Irónicamente esta propuesta de consulta popular que podía amenazar el control de las élites vino de Manuel Zelaya, un miembro de esa élite, sin cuya ayuda jamás hubiera llegado al poder.
De hecho, los pocos miembros de la izquierda radical, nunca confiaron en el presidente Zelaya, ya que él nunca fue militante de izquierda. Por su parte, la ultraderecha empresarial y política, además de temer las implicaciones futuras de dejar que el pueblo tomara las grandes decisiones, también se sintió traicionada por Zelaya. Por eso todos aplaudieron su derrocamiento.
Por el otro lado, el respaldo de parte de la población al golpe contra Mel Zelaya, descansa en un hecho innegable: que toda su gestión pareció ser orientada a ganarse la simpatía de sectores populares organizados, en un abierto populismo, y a luchar verbalmente contra los “grupos de poder”, incluyendo los medios de comunicación.
Pero descuidando asuntos clave, como la seguridad ciudadana, el mantenimiento de la infraestructura nacional, y sin ninguna visión de futuro con respecto a la cuestión económica. Así lo demuestran el hecho de que Honduras todavía no cuenta con un presupuesto nacional de ingresos y egresos para el presente año y la falta de adopción de medidas para disminuir el impacto negativo de la crisis global.
La cercanía con el gobierno de Chávez y otros gobiernos izquierdistas y el temor de que instalara un gobierno que siguiera el ejemplo de aquellos también le ganó enemigos en los sectores conservadores de la sociedad, incluyendo la alta jerarquía de la Iglesia católica y dirigentes de las denominaciones evangélicas.
Pero, independientemente de las causas y de los errores de ambos bandos, la cuestión es que ahora es el pueblo hondureño el que está pagando los platos rotos con incertidumbre, con miedo, con violación a derechos tan elementales, como el de la información.
La democracia ha sido golpeada en mi país, precisamente cuando se intentaba profundizarla, pero la administración Obama, la OEA misma y el resto de la comunidad internacional, con las señales de cambio enviadas, están ante el reto de demostrar su voluntad y su capacidad para ayudar a los hondureños a encontrar una salida distinta a las exhibiciones trogloditas como las que hoy nos avergüenzan.