Dirigentes empresariales de Honduras están preocupados porque el golpe de Estado del fin de semana pasado podría provocar sanciones internacionales que dañen la ya debilitada economía e industrias clave, como el café y los textiles.
La élite empresarial del país celebró el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, luego de que el mandatario depuesto se enfrentara con los tribunales, el Congreso y muchos en su propio partido al alinearse a la izquierda y buscar el levantamiento de la restricción a la reelección presidencial. Pero la condena internacional que ha seguido a la asonada ha dejado aislado al país centroamericano.
Ningún gobierno extranjero ha amenazado hasta el momento con sanciones, y la vital industria cafetalera del país no ha sido afectada. Pero el gobierno del socialista presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un aliado personal de Zelaya, ha dicho que detendrá los envíos de combustible subsidiado, sus vecinos centroamericanos interrumpieron el comercio por dos días y bancos multilaterales han detenido sus desembolsos.
Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, sobrevive gracias a la agricultura, la manufactura y las remesas que envían a casa alrededor de un millón de hondureños que viven en Estados Unidos.
La caída de la demanda estadounidense, golpeada por la crisis económica, ya ha debilitado al sector maquilador, que ha perdido unos 19 mil empleos desde el año pasado. Y el crecimiento económico podría reducirse este año a la mitad, o menos de un 2%.
“En estos tiempos de crisis, esta presión significa más pérdidas de trabajo, empresas cerradas”, dijo Santiago Ruiz, líder de la asociación nacional de ganaderos. El BID y el Banco Mundial dijeron esta semana que estaban suspendiendo nuevos préstamos a Honduras.
Los gobiernos de Centroamérica impusieron una suspensión del comercio transfronterizo de 48 horas, que le costó a la región unos 61 millones de dólares, de acuerdo con el líder de la agrupación empresarial hondureña, Guillermo Matamoros.
El nuevo ministro de Comercio del gobierno interino que se hizo cargo tras el golpe, Benjamín Bográn, dijo que la aplicación de sanciones económicas causará problemas. “Esto causaría un caos social y económico, en el que el que más sufriría, serían los sectores más pobres del país”, indicó.
Más del 70% de la población del país es pobre, y cerca del 40% vive con menos de un dólar al día.