Han hecho público hace poco el contenido de la caja negra del avión de Spanair que cayó al suelo en el aeropuerto de Barajas y todo han sido lamentos y alarmas. En particular se critica que la gente pueda leer las conversaciones de los pilotos, unas charlas que apuntan al despropósito de los mecánicos de mantenimiento y a la grosería y nerviosismo de los encargados de organizar la operación de rescate.
Sucede como con las escuchas que los jueces autorizan cuando cunde la sospecha de que se está cometiendo un delito: que se sepa lo que uno dice cuando cree que no le oye nadie, nadie más que su interlocutor, lleva al desastre. Así que los sindicatos corporativos, los colegios profesionales y todos los que se sienten con las vergüenzas al aire lanzan acusaciones cargadas de enfado y rencor hacia quien tolera que eso, el contenido de las charlas privadas, llegue a ser de dominio público.
El asunto no termina ahí. Entre los distintos acosos sufridos por el juez Garzón, que le han obligado a abandonar la Audiencia Nacional saliendo incluso de España, uno de ellos viene impuesto por la denuncia que los abogados defensores de unos presuntos corruptos –los del llamado “caso Gürtel”– llevaron al Tribunal Supremo al haber sido intervenido su teléfono.
Como lo que le ha sucedido a Garzón tiene mucho más que ver con la política que con los tribunales, a lo mejor es cosa de promover en España, y tal vez también en otros países, un referéndum para que la ciudadanía se manifieste respecto de las escuchas ordenadas por un juez. De hecho, el mecanismo de mezclar las urnas y los tribunales no es nuevo: quienes, pese a su condición de imputados bajo sospecha de delito grave, ganan las elecciones, suelen decir que los votantes les han absuelto. No estaría de más saber si los votantes también quieren que las conversaciones privadas se conozcan aunque, a mi entender, la respuesta está cantada. Sobre todo teniendo en cuenta el auge de la prensa y la tele del corazón.
Quienes protestan por la publicación de las grabaciones de las cajas negras o de los teléfonos intervenidos suelen invocar el derecho a la intimidad. Pero semejante recurso se utiliza incluso para proteger los pagos en dinero negro, así que no vale de mucho ni cuenta con credibilidad alguna. Cualquiera a quien le hayan grabado alguna vez una conferencia sabe que lo peor es el sonrojo al comprobar lo mal que hablamos en público.
Pues la semántica privada procedente de esas grabaciones ahora públicas –y no digamos nada ya de la sintaxis– suena aun peor, así que cabe concluir que cuando mentimos en público lo hacemos, al menos, con más corrección y elegancia. Igual va de eso el problema: de que en privado somos bárbaros, amén de sinceros, y de que no queremos que se sepa. Pero el mal está ya hecho. Digo yo si, dado que la vuelta atrás resulta imposible, no podríamos aprovechar en España lo que se ha averiguado acerca de las charlas privadas para que las responsabilidades deban ser asumidas y los delitos, castigados. Cambiaríamos elegancia por justicia y engaño por certeza; un cambalache que no pinta nada mal.