La Asociación del Magisterio Panameño Unido, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y la Asociación Panameña de Traductores se sumaron ayer a las críticas contra la propuesta de establecer el uso del inglés como idioma comercial en Panamá.
El proyecto de ley, que ayer ocupaba el penúltimo lugar en el orden del día, espera el segundo debate del pleno de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa establece que cualquier documento podrá tramitarse en inglés en oficinas públicas y entidades autónomas.
Las tres organizaciones coinciden con la directora de la Academia Panameña de la Lengua, Elsie Alvarado de Ricord, en que el proyecto de ley viola flagrantemente el artículo 7 de la Constitución de Panamá, que establece que el español es el idioma oficial de la república.
Geneve de Sierra, en re presentación de los traductores, señaló que la ley provocará discriminación y desventajas contra los funcionarios que no hablen inglés.
Por su parte, el constitucionalista Humberto Ricord, asesor de las asociaciones de maestros, dijo que aún cuando el proyecto se las da de inocente al inicio, luego saca las uñas cuando señala en la parte final del artículo primero que busca completar y consolidar sus ventajas competivas en el mercado mundial de atracción de inversiones y al mismo tiempo agilizar su capacidad negociadora y de penetración en los mercados internacionales de exportación.
Los maestros y traductores repartieron un afiche que dice: Defendamos nuestro idioma oficial. No al anteproyecto 141.
Olivia Mosquera, coordi nadora del Magisterio Panameño Unido, dijo que el gremio no se opone a la enseñanza del inglés, dado que es cierto que existe un déficit, pero criticó la forma apresurada como se quiere aprobar una ley por razones comerciales.
