Más que una crisis de gobernabilidad, Guatemala padece una profunda crisis de impunidad, desconfianza generalizada y alarmante deterioro institucional. Es una crisis de Estado.
El problema se ha venido complicando, con altos y bajos, a lo largo de los años, pero se agravó severamente con la divulgación póstuma del video en que el abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el pasado domingo, inculpa al presidente Álvaro Colom, su esposa y otros altos funcionarios, de ser los autores de su muerte.
A partir de entonces, la crispación política y social, siempre alta, ha llegado a niveles extremos. Hoy, el país y sus instituciones caminan por un peligroso campo minado. Se ha abierto una verdadera caja de Pandora de inculpaciones, teorías conspirativas, manipulaciones y hasta velados intentos de sedición, que ponen en serio riesgo la estabilidad del país.
Es inevitable que las principales sospechas por el crimen se centren en quienes mencionó en su video el abogado asesinado: los más altos círculos del Gobierno. Sin embargo, de aquí a dar por un hecho su culpa, o a descartar la posible responsabilidad de otros actores, hay una gran distancia.
Por ello, exigir, como algunos grupos opositores han hecho, que el Presidente renuncie, resulta prematuro y temerario. Y responder, como hizo Colom, que del cargo “me voy solo muerto”, solo añade leña a la hoguera.
Más injustificados son los intentos por convertir el inevitable estupor ciudadano en alimento para pugnas callejeras entre quienes rechazan y apoyan al gobierno. En el intercambio de versiones en pugna, algunos dan como hecho probado que el Presidente es culpable del crimen, pero otros califican el video como parte de una trama de sectores empresariales y opositores intransigentes para desestabilizarlo.
A todo esto hay que añadir la distorsión generada por el creciente poder del crimen organizado, sus vinculaciones con altas instancias políticas y empresariales, y la crónica falta de escrúpulos, irrespeto por las normas legales y desdén por la vida humana que priman en muchos de los grupos y relaciones oficiales y de negocios.
De cara a esta realidad extrema, y a una acusación tan grave, macabra y espectacular, la opción lógica y necesaria es una investigación inmediata, severa, imparcial y profunda. Solo así será posible escarbar en los hechos, sus circunstancias, responsabilidades y complicidades. Solo así se podrá evitar la impunidad en el caso y rescatar algo de la deteriorada confianza ciudadana.
Sin embargo, en un país de 13 millones de habitantes, donde el año pasado hubo 17 asesinatos diarios y el 98% quedó sin resolver, prácticamente nadie cree en las instancias oficiales para asumir la tarea con el profesionalismo e independencia requeridos.
En medio de esta ruptura, la única salida para evitar que se llegue a los peores extremos de confrontación y riesgo, es que la indagación sobre el crimen la emprenda una entidad ajena al ámbito oficial.
La opción está a la mano. Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo establecido por las Naciones Unidas, encabezado por el abogado español Carlos Castresana, y que está dispuesto asumir la tarea, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y la colaboración de la Fiscalía guatemalteca.
Su capacidad de acción, sin embargo, estará condicionada por una serie de variables externas, que dependen de los organismos de seguridad nacionales y de la voluntad para declarar de los posibles testigos del caso, algo que dificultará sus tareas.
Pero aunque la CECIG logre superar estos y otros escollos y pueda aclarar el crimen de Rosenberg, el mal de fondo seguirá vigente. Porque el gran problema de Guatemala es el virtual colapso de su Estado de derecho. Para solucionarlo no bastará con el trabajo, aunque bueno, de una comisión. Será indispensable un acuerdo político y social que, por desgracia, parece muy lejano.