La emisión del video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg anunciaba de manera póstuma su asesinato y culpaba del mismo al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a su mujer y al secretario privado del mandatario ha desencadenado un cataclismo en el país centroamericano.
Unas horas antes de que la filmación fuera emitida por televisión, el 10 de mayo, el prestigioso letrado fue acribillado en la capital guatemalteca mientras paseaba en bicicleta.
En la denuncia pregrabada de su asesinato, Rosenberg lo relaciona con un crimen ocurrido un mes antes –en el que murieron su amigo y cliente Khalil Mussa, empresario textil y ex presidente de la Cámara de Industria, y su hija–, y explica que detrás de las muertes, incluida la suya, hay una trama de corrupción y lavado de dinero vinculado a Banrural, la principal entidad bancaria del país, de capital mixto.
No hay, hasta el momento, pruebas independientes que confirmen la culpabilidad del presidente, pero la denuncia de Rosenberg ha despertado fuertes dudas sobre su credibilidad, no solo en las fuerzas de la oposición, sino también en decenas de miles de guatemaltecos que han salido a la calle para exigir su dimisión. No sería una medida oportuna en este momento, ya que debilitaría aún más la frágil consistencia de un Estado de derecho que no en vano tiene tras de sí la terrible historia de una cruenta guerra civil que duró más de 30 años, hasta 1996.
La devastadora resaca de la contienda fratricida ha permitido una profunda incrustación en las estructuras del poder público y privado del narcotráfico, fuente de empleo de muchos de los supervivientes del conflicto. Una de sus consecuencias es que Guatemala es hoy uno de los países del mundo donde se producen más muertes violentas.
Colom cuenta con el apoyo al Gobierno constitucional de numerosas instancias internacionales. Pero más que atribuir la acusación de Rosenberg a una conspiración y de reunirse con el fiscal general que ha de llevar el caso, como hizo en un primer momento, el presidente debería velar porque la investigación llegue al fondo y que esos crímenes execrables no formen parte del 98% de los que quedan cada año sin resolver en su país.
La colaboración del fiscal español Carlos Castresana, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, debe contar con todas las garantías y facilidades. No solo está en juego el honor del presidente, sino la viabilidad de su país como Estado democrático.