Haití, la nación más vulnerable de nuestra región, sufre una tragedia de una magnitud inimaginable. Aún no conocemos el número de víctimas fatales del terremoto que devastó Puerto Príncipe, pero sabemos que su población, estimada en tres millones de personas, reclama auxilio.
El Gobierno Nacional ha perdido virtualmente toda su infraestructura. Este cuadro desolador exige una respuesta sin precedentes por parte de la comunidad internacional.
En este momento, la máxima prioridad es la emergencia humanitaria. Numerosos países amigos de Haití han movilizado equipos de rescate. El próximo paso será proveer seguridad, alimentación y refugio a los damnificados. Afortunadamente, se están aplicando lecciones aprendidas de otras grandes catástrofes como el tsunami que asoló el sureste de Asia en 2004. Incluso estamos viendo una repetición de la ola de solidaridad mundial que permitió recaudar cientos de millones de dólares para las víctimas.
Aunque aún estamos en la etapa de emergencia, no es demasiado temprano para comenzar a pensar en la reconstrucción. Ante otras catástrofes, como el huracán “Mitch” que golpeó a América Central en 1998, la comunidad internacional reaccionó rápidamente, comprometiéndose a aportar miles de millones de dólares a las naciones afectadas. En esa ocasión, los tradicionales donantes de América del Norte y Europa cumplieron un papel protagónico. En esta oportunidad, América Latina y el Caribe puede y debe desempeñar un rol mayor en lanzar un verdadero Plan Marshall para Haití.
Varios de nuestros países ya están representados allí por sus tropas en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Más recientemente, diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños expresaron entusiasmo por apoyar los esfuerzos del BID por impulsar la inversión extranjera en Haití. Su compromiso ahora resulta más necesario que nunca. No se trata solo de aportar recursos financieros. Haití también necesita asistencia técnica. Nuestra región, tan expuesta a los desastres naturales, cuenta con vasta experiencia en esta materia, tanto positiva como negativa. El caso de Managua, arrasada por un sismo en 1972, es un ejemplo clásico de desperdicio de donaciones. Pero hay otras experiencias a tener en cuenta.
En 2001 El Salvador sufrió dos devastadores terremotos en el lapso de un mes. Los sismos dejaron a unas 200 mil familias sin techo. Una lección de esa experiencia es que los campamentos de refugiados más pequeños resultan mucho más manejables que las grandes aglomeraciones. Otra lección es la conveniencia de emplear a damnificados en tareas como la remoción de escombros a cambio de modestos salarios, una necesidad imperiosa en Haití, donde la mayoría de la población carece de empleos formales.
Mi propio país, Colombia, está expuesto a diversos tipos de amenazas naturales. En 1999 dos sismos destruyeron más de 100 mil edificios y dejaron sin techo a medio millón de personas en el eje cafetero, una región clave para la economía nacional. Aunque fue el peor desastre en la historia colombiana, el proceso de reconstrucción se completó en menos de cuatro años.
La clave fue el mecanismo que adoptó el Gobierno colombiano. En vez de utilizar las estructuras burocráticas, el Gobierno seleccionó un grupo de universidades, cooperativas, grupos cívicos y asociaciones profesionales para administrar la reconstrucción. El papel del Gobierno se limitó a la supervisión del proceso y la asignación de recursos, empleando apenas 120 funcionarios públicos. Así se reconstruyeron unas 130 mil viviendas dañadas y se edificaron casas nuevas para más de 16 mil familias que vivían en zonas de alto riesgo.
¿Qué papel puede jugar el BID? En el caso salvadoreño, ayudó a organizar una reunión de donantes que consiguió unos 1,300 millones de dólares en compromisos. En Colombia, el BID reorientó recursos de proyectos en marcha hacia tareas prioritarias como la reparación de infraestructura.
En Haití podemos cumplir un rol similar. El año pasado organizamos una reunión de donantes para el Gobierno haitiano. Como la principal fuente de recursos multilaterales para ese país, el BID cuenta con una amplia cartera que puede aplicarse a las tareas más urgentes para la reconstrucción. Ya hemos comunicado al Gobierno que hay 90 millones de dólares que podrían ser rápidamente asignados a ese tipo de prioridades. Adicionalmente, este año prevemos donarle a Haití otros 128 millones de dólares, que podremos apalancar con recursos de otros donantes.
Para el BID, el enorme desafío de reconstruir Haití ya se pone en marcha. Ahora necesitamos el compromiso de nuestros países para una ardua tarea que tomará años. La solidaridad de América Latina y del Caribe deberá mantenerse luego de que las desgarradoras imágenes del desastre desaparezcan de los medios de comunicación. Pero el esfuerzo valdrá la pena si logramos reconstruir una capital digna del orgullo haitiano.