Nos sentimos complacidos con la reciente resolución del Ministerio de Ambiente con relación al desarrollo de 16 hidroeléctricas –entre esas la de Barriles– anuladas por caducidad. Ahora 7 mil personas seguirán contando con agua potable, siete lecherías no cerrarán, se respetará el nacimiento de la quebrada Barriles y existe la esperanza de realizar investigaciones arqueológicas, para salvaguardar la cultura del lugar.
La promesa de campaña, “el pueblo primero”, tendrá que ser demostrada con similares acciones relacionadas a otras hidroeléctricas y manteniendo la más alta responsabilidad y el compromiso de cuidar el ambiente, velando por nuestra salud, economía y derechos humanos. Esperamos igual determinación con 35 de las 73 hidroeléctricas en las cuencas 102, 106 y 108, que están en diseño final y trámite, ya que no hay ningún estudio de impacto ambiental acumulativo ni una evaluación ambiental estratégica en ellas.
Ante las acusaciones de abuso de poder y falta de transparencia por parte de quienes desarrollan hidroeléctricas, es imperante analizar, por todos los ángulos, aquellos proyectos, pues no son indispensables. Más bien eran negociados, por la forma en que se daban a los concesionarios mediante tráfico de influencias y actos de corrupción. Por eso, es inminente la cancelación de la hidroeléctrica La Cuchilla, que atenta contra la seguridad hídrica de 100 mil personas del distrito de Bugaba. Hay otro proyecto, cuyo 51% de acciones le pertenece a un consorcio internacional, en el que figura un municipio del reino escandinavo, lo que viola abiertamente leyes constitucionales. También, hay dos proyectos ubicados muy cerca de la frontera con Costa Rica, lo que podría ocasionar un conflicto internacional.
Cada ciudadano tiene derechos y obligaciones, como defender los derechos del ambiente y velar por el cumplimiento de las leyes para su beneficio. Desde hace más de ocho meses, el pueblo espera que se publique en Gaceta Oficial el Acuerdo No. 53, del Municipio de Bugaba, que le devolvía el impuesto de construcción, entre 5.5% y 10%, a las hidroeléctricas; una cosa no tiene nada que ver con la otra. Con la ley de descentralización no es aceptable que se publique, o no, en Gaceta Oficial una resolución municipal por parte del Ejecutivo.
Ahora recae en la actual administración la difícil tarea de cuidar la patria en cada aspecto. El pueblo sabe cómo se aprobaron los amañados estudios de impacto ambiental en la antigua Anam, luego dados en contratación por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en todos los gobiernos anteriores.
La frágil y querida quebrada Barriles podrá correr libremente para ser usada, según lo dispone el Art. 16 de la Ley 35 de 1966. Quedan muchas otras quebradas y ríos de Chiriquí y del país por rescatar de la ambición, ignorancia y la complicidad. De lo contrario, quedaremos en zozobra y de nada valdrá preocuparnos por el cambio climático ni hacer reforestaciones masivas, pues ello no nos salvará de la destrucción de los ríos y, por ende, de nuestra vida, porque nada substituye el agua.