Más de la mitad de los españoles no están a favor de las corridas de toros, pero también son una mayoría los que están en contra de su prohibición. Esto es, no les gustan y no van, pero a los que les gusta, que vayan. Es una cuestión de gustos; de poder elegir; de ser libres.
Tampoco es muy diferente, en cuanto a porcentajes, lo que piensan en Cataluña, sin embargo, fueron prohibidas. Se acabó la lidia para los catalanes. A partir del 2012 no más toros.
La mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, están convencidos de que la prohibición fue una medida política. Que es parte de la arremetida autonomista, cuasi independentista, que recrudeció cuando el Estatuto, una especie de Constitución paralela que regía Cataluña desde hace varios años, le fue descuartizado hace unas cuatro semanas por el Tribunal Constitucional Español (TC). Para la inmensa mayoría, la causa de “crueldad con los animales” fue descartada. Esta prohibición catalana, dicho sea al paso, se aprobó días después de la entrada en vigencia de la ley de liberación del aborto en toda España, incluida Cataluña.
La cuestión es que la decisión del TC, entre otras cosas, califica de catalanes a los ciudadanos españoles vecinos de Cataluña. Habrase visto ofensa mayor. El Estatuto reconocía dos naciones diferentes, la catalana y la española, un solo idioma oficial, el catalán y no se daba ninguna preferencia al español, ni como segunda lengua. La justicia y el manejo fiscal quedaba en manos del Gobierno catalán. Todas esas cosas, que ya hablan de dos países diferentes, se vetaron.
Lo de los toros es emblemático. Pero los catalanes irán por más. En una inmensa manifestación que celebraron a poco de conocido el dictamen del TC, afloraron todas las alternativas que manejan las distintas fuerzas catalanas, que se mantienen sumergidas y subyacentes.
Lo normal, lo admitido, lo correctamente político hasta ahora era hablar de autonomía, y en su nombre se había llegado a un estatuto, como el comentado, que notoriamente establecía prácticamente la carta constitucional de un nuevo país. Cuestionado el estatuto y vetados sus artículos que contradecían la carta magna española o afectaban “la indisoluble unidad” de la nación, ya el clamor pasó hasta por encima de la instancia federal, y fue de independencia lisa llana. (Es llamativo y cómico, nadie habla de separatismo; en España separatistas solo son los vascos). Pero hubo más, se llegó a planteos por un sistema republicano que entraña un cambio de régimen de gobierno.
Es decir, no más reino ni reyes. Pero de eso en España tampoco se habla. No se habla en público, no se toca en la prensa, ni es tema de los debates políticos. Sin embargo, hay una agenda reservada, en voz baja, en la que ese tema está. Los españoles de a pie hablan de eso. No solo los vascos y los catalanes, sino todos. Y tienen opiniones bastantes dispares respecto a la monarquía. También está en la agenda de muchos dirigentes políticos y analistas, los que por el momento prefieren no manejarlo. Se trata asimismo de una carta que los “autonomistas“ más radicales guardan para momento más oportuno.
Mientras tanto resta un año para que se cierre la plaza de toros de Barcelona. En ese año puede que el gobierno de Rodríguez Zapatero, como este lo ha prometido, logre algunos “atajos” (¿violar la Constitución?) para que el Estatuto Catalán pueda “estirarse” a gusto de los catalanes, en desmedro de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y así salvar la “indisoluble unidad”. ¿Qué pasará con los vascos , entonces? ¿Y con los gallegos? ¿ Y las otras autonomías? ¿Y con España?
Y por supuesto larga vida al rey Juan Carlos, que siempre ha sido garantía de unidad.
