Como libertario me acostumbré temprano a la idea de que mis posturas políticas fueran a menudo demonizadas y que los "progresistas" desatendieran mis argumentos tras simples acusaciones de retrógrado.
Sí, muchos estamos familiarizados con el relato del capitalismo opresor, que nos dice cómo los avariciosos empresarios viven mejor y se hacen más ricos a costa de la clase obrera, relato que debemos más a la piadosa pluma de Dickens que al mismo magisterio de Marx. Dar veracidad a esta historia, es hacer un acto de fe a la teología marxista e implica pensar que el capitalismo -como se le ha llamado despectivamente a un sistema económico basado en el libre mercado y en la propiedad privada- es también hoy en día un sistema opresor.
La industrialización europea del siglo XIX puede ser entendida por fuentes distintas a Oliver Twist y El Capital, fuentes incluso más actuales. En la actualidad hay países, como la India o los países del sudeste asiático, donde se trabaja más de ocho horas, y donde incluso se emplea mano de obra infantil. Y decir que esta gente trabaja más de ocho horas y que envían a trabajar a sus hijos porque un empresario les obliga es un simplismo que raya en la insensatez.
Al igual que los obreros de la Europa decimonónica, los trabajadores que se benefician de la industrialización en los países en vías de desarrollo son en su mayoría campesinos desplazados, que buscan en los focos urbanos mejores oportunidades de vida, las que se materializan en los puestos de trabajo demandados por las nuevas industrias.
Se puede decir que estos campesinos no tienen otra opción para sobrevivir, por lo que en verdad no son libres, pero, ¿qué otro camino hay para la satisfacción de las necesidades humanas sino el trabajo? Olvidamos fácilmente que los campesinos abandonan el campo huyendo del hambre o de la violencia y que los padres que no pueden mantener a sus hijos si no los ponen a trabajar muchas veces les abandonan, o peor aún, venden sus favores sexuales. Pero claro, ¡todo es culpa de los capitalistas!, ellos que no trabajan y que sólo reciben los beneficios del trabajo de otros.
La teoría marxista de la plusvalía es una falacia hace tiempo superada, y que un supuesto economista político no sepa a estas alturas que el valor de los bienes económicos no es determinado por el trabajo empleado en su producción sino por la subjetividad de todos los que participan en el mercado -incluyendo a los que sólo aportan su trabajo- es una vergüenza. La verdadera consecuencia del salario mínimo es la ilegalización de puestos de trabajo no especializados.
Las reivindicaciones obreras sólo han beneficiado a los obreros que ya tienen trabajo, y que, por supuesto, estaban ya sindicados. Pero el bienestar de todos los trabajadores, de la sociedad en general es debido al crecimiento económico, impulsado por capitalistas que asumen los riesgos de la expansión económica.
¿Qué idea de justicia defienden los socialistas? Un sistema económico que reparta todo por igual, donde no existe la propiedad privada. Políticamente, esa sería una sociedad de esclavos, incapaces de disponer de sus propias vidas y condenados a la mera subsistencia. En una economía de subsistencia, hombres, mujeres y niños trabajan más de las ocho horas laborables y probablemente no reciben compensación alguna por su trabajo, fuera de la escasa comida de sus mesas -que probablemente no tienen-; en estas comunidades no hay capitalistas, ¿debemos culpar entonces al jefe de la tribu de la situación de necesidad de la comunidad? No hay libertad sin propiedad privada, no hay derecho sin propiedad privada, no hay progreso sin propiedad privada.
El análisis económico nos informa que las consecuencias de imponer un salario mínimo que se encuentre por encima de los niveles del mercado son el aumento del desempleo y el freno de la productividad por excluir mano de obra no especializada. Llámennos retrógradas si quieren, pero al menos explíquennos cómo esta información no se refleja en nuestra realidad, y de paso, dígannos por favor cómo el bienestar económico perjudica la democracia.
El autor es politólogo y miembro de la Fundación Libertad
