El Tribunal Constitucional italiano ha puesto pie en pared. La Ley Alfano, con la que el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Silvio Berlusconi, confiaba blindar su inmunidad y eludir la acción de la justicia, ha sido declarada inconstitucional. La igualdad ante la ley, de la que nadie puede escapar en un estado de derecho, ha sido salvada en una sentencia que honra a la justicia italiana.
El presidente del Consejo de Ministros, afortunadamente, no está por encima de las leyes, y no tendrá más remedio que responder ante los tribunales siempre que sea requerido para ello como cualquier otro ciudadano italiano. Señalando la ilegitimidad tanto de la sustancia (la manifiesta desigualdad ante la ley) como del método elegido para hacer el laudo (una ley ordinaria y promulgada en 25 días), el Constitucional ha devuelto seriedad y credibilidad a un país que Berlusconi ha tratado de convertir en paraíso de la ilegalidad y de la impunidad de los más poderosos.
La Ley Alfano blindaba ante la acción de la justicia e incluso de la investigación policial a cuatro altos cargos: al Presidente de la República, a los presidentes de las dos cámaras, y al presidente del Consejo, de forma que no se podía emprender ninguna acción en su contra mientras estuvieran en ejercicio. Fue elaborada ex profeso para completar el escudo legal de Berlusconi ante el alud de investigaciones desencadenadas por sus numerosas actividades irregulares.
El conjunto de leyes aprobadas por las mayorías berlusconianas para evitar el procesamiento del jefe constituye un corpus jurídico específico, del que la Ley Alfano iba a constituir la coronación más infamante para el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes.
Berlusconi ha hecho aprobar leyes para impedir las comisiones rogatorias en el extranjero destinadas a investigar sus actividades transfronterizas. Hizo despenalizar las falsedades contables. Aprobó la amnistía para las construcciones ilegales. Ha aprobado la limitación de las escuchas telefónicas para casos de corrupción. Y consiguió una legislación, la Ley Gasparri, para consagrar su monopolio televisivo y su casi monopolio mediático. Su ejército de abogados ha conseguido combinar con gran habilidad e infinitos medios económicos la prescripción y la legislación ad hoc para evitar las condenas.
Además de una victoria jurídica del estado de derecho, la decisión de los máximos magistrados constituye una derrota política para el primer ministro italiano, que se suma al torrente de desprestigio acumulado en su constante confusión entre vida pública y comportamientos privados. Pero lo más preocupante para el magnate mediático es que la sentencia significa la reapertura como mínimo de dos de los cuatro procesos que la Ley Alfano había frenado, uno por soborno y otro por irregularidades financieras en la compraventa de derechos televisivos.