La primera ilegalidad fue la violación de la soberanía paquistaní. No se puede entrar armado en un país ajeno, asaltar una propiedad privada y secuestrar o matar a uno de sus ocupantes y a quienes pretendan evitarlo. La segunda es la ejecución extrajudicial de un delincuente acreditado, sin juicio ni derecho a la defensa. La tercera es la obtención, bajo torturas, de parte de la información que ha conducido a la localización del delincuente.
La primera ilegalidad era de fácil resolución, bastaba con pedir permiso a Pakistán. La segunda, también: se detiene a bin Laden en vez de terminar con él en una confusa situación de las que solo nos ha llegado información contradictoria. La tercera tenía difícil resolución retrospectiva: nadie puede ignorar una información útil para defender su vida por el solo hecho de que ha sido obtenida por métodos ilegales. La única aportación que podemos hacer por este lado es que en el eventual juicio no se tengan en cuenta las pruebas obtenidas bajo tortura o detención ilegal.
Hay que analizar entonces las dos primeras infracciones. Imaginemos por un momento que Washington ha pedido al Gobierno paquistaní su permiso y su colaboración para detener al megaterrorista saudí. Para hacer algo de este calibre hay que confiar ciegamente en el aliado a quien se le hace tal propuesta. Es seguro que las probabilidades se reducen drásticamente en una eventual acción militar mixta. Es muy extraño que se haya planteado esta opción como una de las tres estudiadas, tal como ha informado la Casa Blanca, porque significaba la garantía de que el pájaro iba a volar antes de que lo cazaran. Si alguien se ha especializado en jugar a dos barajas, este ha sido el Ejército paquistaní y sus poderosísimos servicios secretos.
Nos queda la detención y entrega de bin Laden a un tribunal. ¿Al juez de Nueva York al que corresponde la jurisdicción natural por los atentados del 11-S? ¿Al Tribunal Penal Internacional en La Haya? ¿A una comisión militar que le juzgara sumariamente en Guantánamo o en algún otro limbo legal? La ecuación coste/beneficio es desproporcionada en todos los casos, sobre todo si se parte de la decisión inicial de Obama de terminar con Osama en cuanto tuviera oportunidad.
Por eso EU ha decidido no seguir unos procedimientos legales que considera poco eficaces para proteger a sus ciudadanos y que ofrecen vías de escape o de propaganda al mayor de los delincuentes. Esta actitud suscita un profundo malestar, sobre todo en Europa, y nos obliga a un espinoso debate; pero es difícil hacer abstracción de que Obama ha actuado en conciencia, por encima de las leyes internacionales, y en todo caso de conformidad con el juramento presidencial que le obliga a proteger la seguridad de sus conciudadanos.