Rafael Pérez Jaramillo rap@sinfo.net Una de las preguntas que más me hacían conocidos, cuando terminó el Informe de la Comisión de la Verdad, era: ¿y ahora qué más se puede hacer?
Voy a intentar responder eso. Cuando asumí, en marzo de 2001, el cargo de coordinador del Informe de la Comisión de la Verdad, lo hice con una postura dura, crítica y pública hacia la Procuraduría de la Nación (ver artículo Peligra la verdad en Tocumen, publicado en La Prensa el 17 de enero de 2001). Hoy debo reconocer que me equivoqué. Sí, me equivoqué, porque el asunto no era como lo pensaba... ¡era peor!
Entonces no me imaginé que la Procuraduría llegaría a extremos de hacer una prueba de ADN con un laboratorio contaminador, dando como resultado el que no hubiese resultado. Con una muestra contaminada desestimaron, en vano, la identidad de Heliodoro Portugal. Podría mencionar muchos otros obstáculos, pero por falta de espacio lo dejo allí por ahora.
Para que las cosas funcionaran bien, los resultados del Informe de la Comisión de la Verdad debieron ser profundizados por el Ministerio Público. Vean lo que dice un escrito de Amnistía Internacional, fechado en 1997: El derecho a la verdad que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos ha cobrado cada vez mayor importancia en las últimas décadas. Un fenómeno particular, que corrobora la afirmación anterior, es la creación en varios países de comisiones de la verdad encaminadas básicamente a comprobar violaciones a los derechos humanos producidas, develar las incógnitas sobre la suerte corrida por las víctimas, identificar responsables y, en algunos casos, ofrecer las bases para el juzgamiento de aquellos.
Esto es exactamente lo que logramos con el Informe de la Comisión de la Verdad, pero todo se frena cuando llega el turno del Ministerio Público. En sus declaraciones, el procurador ha dicho que para poder investigar a fondo, primero se tienen que llenar los procedimientos legales establecidos, que es la presentación de una denuncia con datos específicos ante los tribunales de justicia, para solicitar la reapertura de los casos de personas desaparecidas durante la dictadura, pero la Comisión de la Verdad nunca lo ha hecho. Quiero citar nuevamente a Amnistía Internacional, que elaboró otro documento llamado Los 14 principios fundamentales sobre el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal. Cito el principio No. 8: En los casos de delitos graves comprendidos en el derecho internacional, se deben emprender investigaciones y procedimientos sin esperar a que se presenten denuncias de las víctimas o de otras personas con interés suficiente en el caso. Y dice más: El deber de llevar a los tribunales en nombre de la comunidad internacional a los responsables de delitos graves comprendidos en el derecho internacional implica que los Estados no pongan obstáculos innecesarios a los procedimientos. Hay muchos juristas en Panamá (incluyendo a una ex magistrada de la Corte Suprema) que dijo que el procurador debe abrir investigaciones de oficio.
Volviendo a la pregunta inicial ¿qué hacer? ¿Qué hacer con un procurador que se resiste a hacer justicia por los asesinados y desaparecidos? Gracias a la orientación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desde la Fundación Libertad Ciudadana, en contacto permanente con los familiares de asesinados y desaparecidos, y la Comisión de la Verdad, dimos impulso a dos iniciativas recientes: 1. En primer lugar, se logró un viaje de los familiares y la Comisión de la Verdad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar en una audiencia el documento titulado Situación de impunidad en Panamá por casos de 1968 a 1989, elaborado por CEJIL, la Asociación de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la República de Panamá (ASFADEPA), el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá (COFADEPA), el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá-Héctor Gallego (COFADEPA-HG), el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), la Comisión de la Verdad, y este servidor en su función de Poder Ciudadano en la Fundación Libertad Ciudadana. 2. En segundo lugar, se logró un taller con familiares de asesinados y desaparecidos, en el que los amigos de CEJIL explicaron pormenores de lo que significa elevar una denuncia ante la CIDH. Esta exitosa jornada, auspiciada por la Fundación Libertad Ciudadana y la Comisión de la Verdad, tuvo lugar el pasado miércoles 13 de noviembre, y la considero un nuevo frente de lucha contra la impunidad.
El mejor ejemplo de lo que queremos lograr está en el caso de Heliodoro Portugal, que (gracias a CEJIL) fue admitido ante la CIDH, levantando renovadas esperanzas para los 109 casos que quedan. Una de las preguntas que también me hacían algunos conocidos cuando les hablaba de la denuncia elevada el año pasado por el caso Portugal ante la CIDH era ¿y cómo puede llevarse ese caso si todavía no se han agotado los recursos internos? El 31 de mayo de 2001, CEJIL había solicitado ante la CIDH que iniciara trámites por el caso Portugal, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado panameño (por influencia de la Procuraduría) pidió que se rechazara la admisibilidad porque no se habían agotado los recursos internos. Pero si el Ministerio Público cree que con ese cuento iba a engañar a la CIDH, se equivocó. La CIDH concluyó el 7 de noviembre de 2002 que la Comisión tiene competencia para examinar el caso Portugal y agregó que con relación al requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, la CIDH concluyó que se aplica la excepción a la regla del agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46 (2) (c) de la Convención Americana.... ¿Y qué dice esta disposición? Que si hay retardo injustificado de los recursos de jurisdicción interna (como ha sido el caso de Portugal y muchos otros), se puede conceder la admisibilidad ante la CIDH. Esto mismo (gracias al retardo injustificado que imponen las autoridades panameñas) podrá aducirse con otros casos que en el Informe de la Comisión de la Verdad logramos documentar.
Respondo así a la pregunta ¿qué hacer ahora? Hemos dado un significativo paso al reunir a los principales protagonistas de esta lucha por los derechos humanos: familiares de las víctimas, abogados panameños de la Comisión de la Verdad, y abogados internacionales con experiencia ante la CIDH. Felicito a todos los familiares que se unieron ante estas dos jornadas, a la Comisión de la Verdad y a CEJIL, que se lleva en las maletas información para evaluar las próximas demandas que la justicia panameña entorpece. Felicito también hasta al procurador por sus esfuerzos a favor de la unidad. Todos los arriba mencionados estamos unidos contra sus declaraciones y contra el retardo injustificado de la justicia panameña.
