[COMBATE AL NARCOTRÁFICO]

Inseguridades regionales

El problema central de la inseguridad que se registra en los países de América Latina es la debilidad de sus instituciones.

Reunidos en Guatemala, los presidentes de 10 naciones latinoamericanas, Hillary Clinton, la secretaria de estado de Estados Unidos y 40 delegados de países e instituciones, la semana pasada, discutieron el tema de la seguridad en Centroamérica.

Para los optimistas, la reunión fue un éxito porque los participantes prometieron ayudar a la región con 2 mil millones de dólares a cinco años, entre préstamos y dádivas. También celebraron el despliegue de unidad regional, “Centroamérica habló con una sola voz”, dijo uno de los organizadores. Y todos los participantes, Clinton incluida, reiteraron que en esta lucha los países productores, los que sirven de tránsito y los que consumen la droga son co-responsables. Se propuso, también, compartir una estrategia hemisférica común, porque “las organizaciones criminales no reconocen fronteras”.

Enfocada en el tema de la recaudación de fondos, Clinton mencionó que la recaudación fiscal como porcentaje del PIB es muy baja, 10.4% en Guatemala, 14.4% en Honduras y 12.5% en El Salvador, y conminó a las autoridades a reformar su sistema tributario. Evocando, sin mencionar directamente, la estrategia adoptada por el presidente Álvaro Uribe en Colombia, también, propuso instituir un impuesto especial a los más ricos que se dedicaría a reforzar la seguridad nacional y reveló que el presidente Mauricio Funes contempla algo semejante, aunque sin revelar los detalles del proyecto ni dar fechas para cumplirlo.

En contraste con esta visión tan optimista de lo sucedido en Guatemala, una parte de la opinión pública en varios países de Centroamérica se ha mostrado decepcionada con la reunión. Y el malestar comienza con la desconfianza que generan las promesas incumplidas. Según el cálculo del propio presidente guatemalteco Álvaro Colom, los países de Centroamérica gastan unos 4 mil millones de dólares anuales en el combate al narco, y de los mil millones que los mismos donantes les tenían prometidos antes de esta Conferencia solo han recibido $140 millones.

Según el Banco de Desarrollo Interamericano, el costo de la violencia criminal en el istmo excede los 6.5 mil millones de dólares, lo que equivaldría al 8% del PIB de la región. Aumentar el monto de las promesas no empobrece más que a los centroamericanos. Un segundo problema que destacan los escépticos es la falta de información puntual y detallada sobre cómo se financiarían los 22 proyectos que demandan un gasto de 900 millones de dólares.

También se cuestiona en Centroamérica la capacidad y la voluntad real de países como México y Colombia para trabajar con ellos, pero lo que mayor indignación provoca es la displicencia con la que Estados Unidos asume en la práctica su responsabilidad en esta lucha, mostrándose incapaz de disminuir el consumo de drogas en su país y sin intentar siquiera ponerle coto al contrabando masivo de armas de alto poder a Centroamérica y a México argumentando impedimentos constitucionales. En los últimos cuatro años, más de 60 mil armas utilizadas por los narcotraficantes y decomisadas por las autoridades en México fueron compradas en armerías de Texas, Arizona, Nuevo México y California.

Yo comparto el optimismo de quienes se congratulan por la unidad mostrada en la reunión y espero que esta vez sí se materialicen los cuantiosos ofrecimientos de ayuda. Pero también comparto la indignación de quienes le reclaman a Estados Unidos por su doble juego.

Por otro lado, estoy convencido de que el problema central de inseguridad en la región es la debilidad de sus instituciones y creo que la propuesta de reforma fiscal y del impuesto especial a los ricos son razonables si un buen porcentaje de ese ingreso y de las ayudas internacionales se dedican a fortalecer las instituciones, a reforzar el estado de derecho, a la reforma a las fuerzas policiales y el sistema judicial; a la educación de los jóvenes para evitar que los más vulnerables sean reclutados por las organizaciones criminales; y a establecer mecanismos de transparencia que detecten la corrupción en el uso de los recursos económicos del Estado y obliguen a la rendición de cuentas.


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