Cincinato, el romano que fue llamado a servir como dictador y después regresó a su granja cuando el trabajo estaba hecho, es una excepción en los anales del poder. Más común resulta el líder que ejerce extraordinario poder en una época de crisis y rápidamente olvida la diferencia entre los fines y los medios y nunca es llamado a rendir cuentas. Así que fue alentador cuando, la semana pasada, un panel integrado por tres jueces en la Suprema Corte de Perú encontró al ex presidente peruano Alberto Fujimori culpable de abusos a los derechos humanos y lo condenó a 25 años de cárcel.
Discutiblemente, Fujimori era de la misma sustancia que Cincinato. Era un desconocido profesor de agronomía cuando fue elegido presidente en 1990, y obró maravillas: redujo la hiperinflación y logró que volviera la estabilidad económica, al tiempo que aplastó a la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, abusó sistemáticamente de su poder. Entre la lista de aterradores crímenes, la máxima corte lo halló culpable del asesinato de 25 personas, incluido un niño de ocho años, a manos de un escuadrón militar de la muerte. En el año 2000, ante cargos de corrupción, Fujimori huyó a Japón. Convencido de que seguiría siendo un héroe por siempre, abordó un vuelo a Chile en 2005 con el objetivo de llevar a cabo un regreso. Más bien, terminó siendo extraditado a Perú.
En su juicio, Fujimori atacó a sus perseguidores por no haber logrado distinguir entre odio y evidencia. La corte, sin embargo, encontró que era el mismo Fujimori quien no había logrado distinguir entre el exceso autoritario y el estado de derecho. Pudiera ser, como han acusado los partidarios del presidente caído, que el Presidente actual del Perú, Alan García (quien también fue el predecesor de Fujimori), no constituye un gran avance. Pero de ser así, ahora él ya está bajo aviso en cuanto a que la ciudadanía peruana, así como su sistema legal, están observando atentamente.
Es por esta razón que el juicio es de suma importancia. Los tribunales internacionales, como los que manejaron los casos de Ruanda, Yugoslavia o Sierra Leona, son un esencial último recurso en la batalla en contra de la tiranía. Es poco probable que tengan el poder de limpiar o educar del propio sistema judicial de un país que afirma la primacía de la ley. Sin consideración al grado de popularidad que Fujimori pudiera haber tenido en Perú en otra época, para el final de su juicio, encuestas de opinión pública encontraron que una gran mayoría de los peruanos coincidía en que él era culpable de lo que se le acusaba.