“La libertad de expresión en México pasa por una de las etapas más críticas de los años recientes”, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que tiene documentados 61 asesinatos de informadores desde el 2000. Los crímenes se han multiplicado este año en forma notoria. Con el asesinato de Hugo Olivera, editor del diario El Día de Michoacán, suman al menos ocho los informadores muertos en lo transcurrido de 2010”, señala el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York.
Reporteros sin Fronteras (RsF) contabilizó hasta 65 periodistas asesinados en la última década en México, país al que considera el más peligroso de América Latina para trabajar como informador.
El narcotráfico amenaza a los periodistas de los estados fronterizos más golpeados por el crimen organizado y ha logrado que centenares de informadores dejen de investigar las conexiones de los capos con policías y políticos. En las redacciones cunde la alarma tras la muerte a tiros de Olivera. Hace menos de una semana fue asesinada en Guerrero, en un cibercafé de su propiedad, una pareja de periodistas que tenía al lado a su hijo de nueve años. Esta violencia criminal restringe la cobertura de las noticias y crea un clima de autocensura. La Fundación para la Libertad de Expresión denunció que la democracia y, en especial, la libertad de expresión corren gran riesgo.
En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el CPJ denuncia el hostigamiento a la prensa: “El CPJ ha documentado un creciente número de ataques cometidos por fuerzas federales desde que su administración movilizó en diciembre de 2006 a miles de soldados y de policías federales para combatir al crimen organizado”.
Mike O’Connor, delegado del CPJ, comenta a La Vanguardia que el asesinato de periodistas solo se detendrá si se pone fin a la impunidad de que gozan los criminales. El 89% de estos asesinatos queda impune por la incapacidad para investigar e incluso por la complicidad de las autoridades, se señala en un informe del CPJ y de RsF.
El CPJ expresa a Calderón su preocupación por una serie de incidentes registrados este año, en los cuales fuerzas de seguridad federales han atacado y hostigado a periodistas que cubren crímenes e informan sobre operaciones para mantener el orden público. “Los reporteros que cubren temas vinculados con el narcotráfico son generalmente blanco de ataques por parte de grupos criminales, que suelen operar en complicidad con funcionarios corruptos”.
La carta a Calderón concluye señalando que “más de 30 reporteros y trabajadores de medios han sido asesinados o desaparecidos desde que usted asumió su mandato en 2006”.