El éxito o fracaso se juzga según el criterio que utilicemos, y no hay mayor evidencia del fracaso del modelo económico panameño que el no mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Panamá es conducido por élites políticas por un crecimiento vertiginoso que trae beneficios incuantificables para sectores de poder, pero que perjudica el desarrollo de las mayorías, cuya realidad se vuelve cada vez más apremiante.
Debemos plantearnos un nuevo rumbo, volcando nuestras energías a construir una economía que se fundamente en la participación democrática de los ciudadanos en la creación, gestión y disfrute de las riquezas nacionales.
El crecimiento panameño impresiona al ser medido por indicadores macroeconómicos tradicionales, pero esto solo señala que hay actividad económica creciente; no toma en consideración el impacto sobre la gente. La economía panameña fomenta inversiones excluyentes que benefician a pequeñas castas, abandonando al resto de la sociedad. La permanente inversión en megaproyectos como la ampliación del Canal, puertos y centros logísticos, y en sectores de privilegio como centros comerciales de lujo, hoteles de playa y urbanizaciones amuralladas, conduce al empeoramiento progresivo de nuestras condiciones de vida.
Este empeoramiento se fundamenta en tres factores. Primero, este modelo crea poco trabajo, ya que incentiva actividades que emplean poca mano de obra, y la que emplea es especializada, por lo cual gran parte de los panameños no pueden acceder a ella. Segundo, la riqueza generada es acaparada por pequeños grupos comerciales, combinaciones de inversión foránea y local, y no fomenta actividades complementarias que beneficien a comunidades circundantes, intensificando la mala distribución de la riqueza.
Tercero, genera presión inflacionaria por sus demandas excesivas de bienes y servicios, que causan el encarecimiento de la vida.
El modelo económico panameño ha sido diseñado por la clase política y financiado con recursos del Estado, mediante incentivos y exoneraciones que hacen de estos sectores los más subsidiados. Un crecimiento fomentado por políticas públicas que crean las condiciones para el surgimiento de sectores favorecidos de beneficios astronómicos, pero concentrados como las zonas francas y la especulación inmobiliaria y el estancamiento de otros con mayor potencial de desarrollo como la industria, alta tecnología y agricultura. Nuestros limitados recursos alimentan el progreso de unos cuantos, pero el costo lo pagamos y sufrimos todos.
El camino hacia una economía al servicio de nuestros intereses es abriéndola a la más amplia participación e inclusión de los ciudadanos. Es necesario que formemos parte de las decisiones que determinan en qué actividades económicas invertimos, en la autogestión de estas actividades y en la distribución de sus beneficios. Fundamentar nuestras políticas públicas en poner el crecimiento bajo el control de los ciudadanos conducirá a una sociedad que crece a medida que lo hacen sus integrantes, a la vez que invertimos en una educación y salud universal, y explotamos sosteniblemente nuestras ventajas comparativas de biodiversidad, pluralidad cultural y posición geográfica.
Nuestro fin debe ser un Panamá en el que el criterio en base al cual nos juzgamos es que hacemos todo cuanto esté a nuestro alcance para que todos progresemos juntos, jamás abandonando a ciudadano alguno en el camino.
