JEAN MARCEL CHERY mchery@prensa.com El trabajo ineficiente de los corregidores y los abusos de autoridad en que incurren estos funcionarios han hecho de la justicia administrativa un problema crónico, opinó ayer la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher.
De acuerdo con Montenegro de Fletcher, la Procuraduría de la Administración ha tratado de resolver este problema con capacitaciones.
Las declaraciones de Montenegro de Fletcher surgen después de que La Prensa publicó los resultados de un estudio efectuado por la Procuraduría de la Administración y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que revela la precaria condición de la justicia administrativa en el país, reflejada principalmente en las actuaciones de los corregidores.
Como parte del estudio, se aplicó una encuesta a 425 corregidores, que reveló que 79 corregidores (19%) ha cursado estudios universitarios, 187 corregidores (44%) ha alcanzado el nivel de educación secundaria, 153 corregidores (36%) sólo ha cursado el nivel de educación primaria.
No obstante, aunque en los distritos de Panamá y San Miguelito los corregidores deben ser abogados o estudiantes graduandos de derecho, la procuradora de la Administración dijo que éstos frecuentemente incurren en abusos de autoridad, lo cual ha motivado la presentación de quejas. Hemos pedido a los alcaldes que sancionen disciplinariamente a los corregidores, cuando se comprueban abusos de autoridad o extralimitación de funciones, anotó Montenegro de Fletcher a Radio Caracol .
Entre las quejas más comunes contra los corregidores dijo están la excesiva cantidad de condenas a penas de prisión, extralimitación de funciones y la atención de casos que incluyen la comisión de delitos.
La discrecionalidad de los nombramientos de los corregidores, por parte de los alcaldes, la falta de una carrera administrativa judicial y la manipulación política son las principales causas del problema crónico en la administración de justicia, dijo la procuradora.
La funcionaria consideró necesaria la reforma del Código Administrativo para mejorar el sistema de administración de la justicia local.