Treinta y nueve años atrás –el 9 de junio de 1971, en horas de la noche– un comando del G–2 irrumpió en la pintoresca campiña de Santa Fe de Veraguas y secuestró al sacerdote Héctor Gallego. Todavía hoy no se sabe con certidumbre qué hicieron con él.
Inicialmente se rumoró que había sido martirizado y lanzado desde un helicóptero, como después lo haría el reverendo Papo con sus infortunadas víctimas en el Darién (otro repugnante capítulo de la historia del narco–militarismo que permanece sin castigo).
Luego se comentó que había sido torturado hasta la muerte y enterrado en uno de los cuarteles de la dictadura, que también funcionaban como cementerios. Aquellos recintos de terror ofrecían la seguridad que los militares y sus cómplices del PRD necesitaban para cometer sus crímenes de lesa humanidad.
El desalojo de la narco–cleptocracia de Torrijos, Paredes y Noriega generó en la ciudadanía alguna confianza de que a través de una recta aplicación de la justicia, el rumbo del país pudiese enmendarse. Muy pronto, sin embargo, esas esperanzas se esfumaron. Las pésimas actuaciones de jueces, fiscales, magistrados y procuradores de baja calidad profesional y moral se encargaron de erradicarlas.
El juicio por el asesinato de Hugo Spadafora (1993) dejó al descubierto que a pesar del cambio de régimen político, el sistema judicial panameño sigue penetrado por la corrupción, la ineptitud y la desidia. El proceso judicial culminó con la absolución, por un jurado de conciencia, de siete de 10 sindicados.
Entre octubre y noviembre de 1993 se llevó a cabo el juicio por la desaparición del padre Gallego. Cuatro agentes de la Guardia Nacional torrijista fueron acusados: Agrazal, Magallón, Madriñán y Walker.
Solo los últimos dos se presentaron a la audiencia. Magallón, convenientemente, está “prófugo” de la justicia desde hace años. Agrazal tuvo un proceso distinto, al término del cual fue absuelto.
El jurado encontró culpables a Magallón (prófugo), Madriñán y Walker, pero tan negligentes fueron la investigación y el proceso judicial, que ni siquiera pudo conocerse dónde están los restos del padre Gallego. Además, la administración de justicia fue incapaz de establecer quiénes planearon tan abominable crimen.
La ciudadanía entera sabe que el G-2, al que pertenecían los guardias involucrados, estaba a las órdenes del inocente abuelito hoy recluido en el penal de La Santé.
Sabe también que en el Panamá de la época nada ocurría sin el visto bueno de Omar Torrijos, gobernante absoluto del país desde que se deshizo de Boris Martínez en 1969 hasta que un misterioso accidente aéreo (¿ideado por el inocente abuelito?) le arrancó la vida, en 1981.
El 27 de mayo último, en un acto de desagravio por la desaparición forzada de Heliodoro Portugal –otra de las víctimas de la narco-dictadura– el presidente Martinelli dijo que su gobierno –sin tener participación en los hechos de sangre del régimen militar– “pide perdón a todas las víctimas y asume el compromiso de hacer justicia”, en representación del Estado panameño.
El 1 de junio, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que “tipifica correctamente los delitos de desaparición forzada de personas y torturas en el Código Penal”. El proyecto debe ser presentado a la Asamblea Nacional en su próximo período de sesiones ordinarias, que se inicia el 1 de julio (Boletín de la Presidencia, 1 de junio).
En su homilía del 6 de junio, el Arzobispo de Panamá pidió “llevar a fondo” la investigación de la desaparición del padre Gallego, añadiendo que “un poco de buena voluntad y de hacer memoria, aclararían el misterio”. Algo parecido puede decirse al respecto de los demás crímenes de la narco–dictadura, tanto los que documentó la Comisión de la Verdad como los que esa entidad no pudo descubrir.
La impunidad en que permanecen los abusos del régimen militar es el emblema de la falta de justicia imperante en Panamá. ¿Contribuirán las recientes medidas del Gobierno nacional y las exhortaciones del Arzobispo a revertir el putrefacto estado del sistema judicial?
Usted, que lee esto, no lo pierda de vista: sin la recuperación del ramo judicial y sin una minuciosa rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder público, al menos desde 1968, Panamá no alcanzará los niveles de desarrollo a que aspiramos.
Las exigencias de justicia no constituyen, por lo tanto, “expresiones de resentimiento” ni “periódico de ayer”.
Por el contrario: son un primer peldaño que tenemos que subir para lograr una república democrática, ordenada y decente, donde prevalezcan –simultáneamente– la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.
