El sobre, por favor. Estas palabras están en boca de muchos kenianos. Desde el estallido de la violencia poselectoral del año pasado, que mató a más de mil personas y amenazó con tirar por un despeñadero a lo que otrora era un país prometedor, los kenianos han estado a la espera de oír quién fue el autor intelectual del derramamiento de sangre y quién pagará el precio.
Una comisión keniana investigó la violencia en octubre y terminó compilando una lista de varios sospechosos principales, entre los cuales se cree ampliamente que hay algunos de los hombres más poderosos de la nación. Los nombres quedaron sellados dentro de un sobre marrón cuadrado (envueltos, de manera incongruente, con un listón blanco) y entregados a Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas que asumió el papel de mediador de la paz.
Políticos kenianos le habían prometido a Annan que formarían un tribunal especial a fin de procesar a los sospechosos aquí, poniéndole fin a una añeja cultura de impunidad que alimenta el derramamiento de sangre étnico-político que convulsiona a Kenia casi en cada elección.
Pero, hasta la fecha, los dirigentes de Kenia, paralizados por agendas encontradas y la perspectiva de llevar a juicio a su propia gente, se han negado a crear un tribunal.
Así que la semana pasada, Annan elevó la apuesta. Envió el sobre con los nombres a la Corte Penal Internacional en La Haya, la cual ya dio indicaciones de que intervendrá si Kenia no logra emprender acciones.
“Kenia Arrinconada” y Annan nos emboscó”, vociferaba el Daily Nation, el mayor periódico de Kenia. El inflado Gabinete keniano (que tiene más de 60 ministros y viceministros) convocó a una reunión de emergencia para decidir qué se haría, pero una vez más, terminó en un atolladero. Esencialmente, el gobierno tiene tres opciones: persuadir a un rebelde Parlamento para que apruebe un tribunal especial; referir el caso a la Corte Penal Internacional, que ya ha sido criticada por, a su vez, criticar o señalar de manera constante al África; o correr, evitando al Parlamento, y crear una rama especial del poder judicial de Kenia, cuya credibilidad está por debajo del nivel mar.
Defensores de los derechos humanos exhortan a sus gobiernos a que hagan algo, y rápidamente. “Si no lidiamos con la impunidad resultante de esta última elección, la siguiente será horrible”, dijo Maina Kiai, ex funcionario gubernamental.