Dada la falta de voluntad política nacional para ejercer un control riguroso a la venta de armas, lo correcto sería aprobar paliativos parciales. A unos días de la masacre en Tucson, en la que un hombre armado con una pistola capaz de disparar 30 balas mató a seis personas e hirió a otras catorce, el condado de Los Ángeles, California, se estremeció con nuevos incidentes de violencia armada.
La primera escaramuza tuvo lugar cuando un grupo de personas llamó a la policía para reportar que unos individuos armados con pistolas y rifles habían entrado a un restaurante local. Cuando la policía arribó nada pudo hacer para desarmarlos.
Los pistoleros se le enfrentaron verbalmente, aduciendo, con razón, el derecho que les otorga una ley estatal de portar armas con la condición de que estas permanezcan visibles y descargadas. El problema para la gente que va a un restaurante con su familia y tiene que convivir con los empistolados es que no hay manera de saber si las armas están descargadas, si quienes las portan están en su sano juicio y si no son delincuentes.
Unos cuantos días después, en una escuela secundaria localizada a corta distancia del restaurante donde ocurrió el primer incidente, sucedió una tragedia. De la pistola que un joven de 17 años escondía en su mochila salió un disparo que hirió a dos jóvenes que estaban en el mismo salón de clases, una de ellas de gravedad. Las investigaciones preliminares indican que el disparo pudo ser accidental y que el dueño de la pistola era el padre del menor de edad.
Al día siguiente, por otro rumbo pero dentro del mismo condado de Los Ángeles, un ataque a balazos contra un policía escolar provocó el cierre de una decena de escuelas del área por varias horas mientras la policía rastreaba al gatillero. El policía herido salvó la vida porque el chaleco antibalas que llevaba lo protegió.
Reaccionando ante los violentos sucesos y apelando al sentido común de ciudadanos y autoridades, la semana pasada el presidente del consejo municipal de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, introdujo una moción que de ser aprobada por el pleno del concejo a fines de esta semana, prohibiría la portación de armas de fuego en la ciudad.
Casi al mismo tiempo, en la capital del estado, el asambleísta Anthony Portantino proponía un proyecto de ley que de ser aprobado revocaría la ley estatal que actualmente permite portar armas en cualquier lugar del estado. Y en Washington DC, el Congreso discute un proyecto de ley que de aprobarse restablecería la prohibición a la venta de cargadores de más de 10 balas.
Y todo esto sucede, según revela una encuesta del Pew Research Center levantada el 13 de enero, en un momento en el que el debate sobre el control de las armas nos muestra una nación dividida. El 50% de los entrevistados dijo que sería conveniente imponer mayores controles a la venta de armas mientras que un 46% de los entrevistados, en su mayoría hombres, conservadores, de raza blanca, de religión protestante, afiliados al partido republicano y que viven en áreas rurales del medio oeste y el sur del país, sostuvo que lo más importante es proteger el derecho de los estadounidenses a poseer armas.
Dadas estas circunstancias, resulta alentador que dentro del propio partido republicano surjan figuras importantes que apoyan este tipo de pequeñas enmiendas a las leyes sobre venta de armas. El viernes pasado, por ejemplo, el senador por Indiana Richard Lugar se pronunció porque se restablezca la prohibición a la venta de fusiles de repetición.
Así mismo, el senador por Oklahoma Tom Coburn acaba de proponer la promulgación de nuevos estándares legales para impedir que las personas que sufren de enfermedades mentales puedan obtener y usar armas de fuego. Lo insólito fue oír al ex vicepresidente Dick Cheney, que toda su vida ha sido pilar de la National Rifle Association, acordando que sería prudente restablecer la regulación que prohíbe la compra de cargadores de más de diez balas.
Así las cosas, y sabiendo que las posibilidades reales de promulgar leyes de control más estrictas ahora que los republicanos controlan la Cámara de Representantes son nulas, legislar por goteo para lograr la aprobación de medidas modestas como las que aquí se han mencionado sería un adelanto.